La familia de Luis “N”, detenido el pasado lunes acusado del robo de 250 mil pesos a la empresa Seguridad Privada y Traslado de Valores Elite, denunció irregularidades en el procedimiento y asegura que se está fabricando un delito para culpar a un inocente, quien apenas llevaba un mes laborando como monitorista de cámaras de vigilancia en esta compañía.
Merly Alejandra Hernández Díaz, esposa de Luis, relató el viacrucis que vivieron para localizar a su esposo, quien permaneció incomunicado desde el momento de su detención.
“Mi esposo lo detuvieron el día lunes, pero nadie me avisó. Lo mantuvieron detenido sin comunicación; no tuve ninguna llamada de él ni nada que me alertara dónde estaba”, declaró Hernández Díaz.
La angustia los llevó a trasladarse desde Jiquipilas a Tuxtla Gutiérrez (de dónde son originarios) el día martes para iniciar la búsqueda.
Viacrucis
Relata que, tras acudir a la Fiscalía, se les negó inicialmente información sobre su paradero. Solo la intervención de una empleada que los vio en estado de desesperación les confirmó que Luis había estado allí para una revisión médica, sin saber después su destino.
La búsqueda continuó en la Fiscalía Metropolitana, donde también negaron tener reporte alguno sobre él.
Siguiendo una pista, se dirigieron a las instalaciones de la prisión preventiva La Popular, donde finalmente confirmaron que Luis Gerardo se encontraba detenido, acusado del robo de 250 mil pesos.
La familia denuncia que se les impidió verlo o comunicarse con el inicialmente, violando su derecho a la defensa y al debido proceso.
El miércoles, agentes de la Fiscalía Metropolitana se lo llevaron, trasladándolo entre diferentes dependencias sin ofrecer explicaciones claras a los familiares. Finalmente, fue llevado al Juzgado de Control y Enjuiciamiento, conocido como “El Canelo”.
“Lo que nosotros exigimos ahorita es justicia más que nada, que se aclare todo, que el juez permita que el abogado aclare todo esto con las pruebas que le va a llevar”, expresó la esposa.
La familia hace un llamado urgente al fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, y al gobernador del estado, Eduardo Ramírez, para que atiendan el caso y eviten lo que consideran una grave injusticia.
“Somos gente trabajadora. Lo que le están inculpando es una injusticia. Le hacemos un llamado al fiscal para que atienda este caso y no se castigue a un inocente”, concluyó.
