El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas (SMyT), Aquiles Espinosa García, reconoció que existen 760 unidades de taxi irregulares que están circulando en el servicio público del transporte en Tuxtla Gutiérrez.
Lo anterior, expuso es por la existencia de un convenio que firmó la administración pasada con un grupo de transportistas con quienes se comprometió a otorgarles concesiones y están circulando: “Son irregulares porque no tienen concesión pero si un convenio; el resto (alrededor de dos mil 300) son irregulares que no lo tienen”.
“Que suerte le va a correr a ese resto, la de ser retirados, los otros serán revisados, y si cumplen con los requisitos de la norma, se les otorgará su concesión, pero tienen que pasar por el proceso que la ley señala y no puede ser una decisión arbitraria”.
Expresó que existen casos en donde se firman convenios en donde los propios transportista se ponen de acuerdo para que existan unidades “toleradas” y ese convenio no “puede estar por encima de la ley”.
Asimismo, el funcionario estatal señaló que se revisarán los expedientes, lo cuales deben estar refrendados anualmente y los solicitantes deben cumplir con el orden cronológico que señala la ley desde la fecha que pidieron su concesión, es decir, los más antiguos se consideran preferentemente y estar vinculados al servicio público.
Siendo de esta manera, que pasarán por el procedimiento en el Comité Consultivo que revisará si cumplen con los requisitos, además de aplicar los estudios por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte que son de dos naturalezas, como lo es el socioeconómico, que es para garantizar que el solicitante tenga el recurso para comprar una unidad, mantenga las condiciones para prestar el servicio (seguro, cómodo y rápido) y el de factibilidad que sirve para conocer el número de unidades que la Secretaría puede otorgar en las diversas modalidades por municipio.
Una vez que se cumpla con todos los requisitos y tras la valoración del comité consultivo conforme a la legalidad, se puede otorgar una concesión para que dispongan de un tiempo de 90 días para poder comprar sus unidades y otorgar el servicio a la ciudadanía que demanda calidad y seguridad.
