La aprobación que hizo el Senado de la República para prohibir el matrimonio infantil en todo el territorio nacional fue buena, pero insuficiente para erradicar esta mala práctica que, para el caso de Chiapas, sigue activa, así lo consideró María Enriqueta Burelo Melgar, activista y defensora de los derechos de las mujeres.
Entrevistada sobre el tema, comentó que las acciones que tomaron los legisladores federales se trata, apenas, de una medida que debería ser acompañada por otros otros programas que implementen organismos o instituciones como el DIF o el ahora Instituto Nacional Indigenista (INI), así como la Secretaría de Educación y aquellas relacionadas con la defensa de la niñez.
“La decisión para Chiapas es buena, pero el problema aquí es que las uniones de niñas menores de edad se dan sin necesidad de pasar por el Registro Civil, por lo que no tenemos un registro de cuántas se dan o cómo impedirlo; es importante establecer alianzas con autoridades y organizaciones indígenas para que comprendan el daño que causan a la niñez”, puntualizó la integrante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva.
Fue el pasado 12 de marzo cuando integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Senado de la República aprobaron las modificaciones necesarias al Código Civil para prohibir el matrimonio infantil.
Para nuestra entidad el tema es relevante, considerando que en algunas zonas indígenas aún persisten estas prácticas: menores de edad son intercambiadas por artículos con la intención de que se vayan a otro hogar, sin importar las afectaciones psicológicas y hasta de salud que esto implica.
Código Civil
La legislación en el estado de Chiapas, con base en el Código Civil, establece que está prohibido el matrimonio entre personas menores de edad; el artículo 145 precisa que “para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplir dieciocho años”.
Incluso, el mismo documento hace énfasis en el 153, donde se señala que una de las prohibiciones para celebrar dicho contrato es la falta de edad requerida por la ley.
Sobre este tema, Burelo Melgar puntualizó: “no todas las organizaciones tienen como objetivo estos temas, y quienes sí, pues es notable su insistencia para impedir estas uniones, sin embargo, ellas solas no pueden hacer mucho, las sinergias entre ONG y gobierno son vitales”.
De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), implementada en la administración pasada, Chiapas reportó el 86.35 por ciento en la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA), superando la media nacional, que fue de 77.04 por ciento en el 2012.
En el escrito se establece que los hijos de personas que contraen matrimonio antes de los 18 años de edad pueden tener algunas consecuencias relacionadas con bajo peso, menor estimulación cognitiva o problemas durante la infancia.
Otro de los datos que aporta la ENAPEA, es que “el 19.2 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años de edad que abandonaron la escuela declararon que fue por embarazo, tener un hijo o por casarse o unirse”. La estrategia se basó en seis líneas de acción para combatir el problema hasta el 2018, donde Chiapas fue uno de los 15 estados del país que participó en este proyecto.
“Acrecentar las oportunidades de hombres y mujeres para ejercer su sexualidad y reproducción de forma libre, responsable e informada. Focalizar la atención de los programas de salud sexual y reproductiva en grupos de población con desventaja social”, formaron parte de las líneas de acción del programa.
Finalmente, Burelo Melgar insistió en la necesidad de que este tema se debe atender de manera conjunta, pero en temas legislativos, consideró fundamental que se armonicen las leyes estatales con las nacionales para que exista una forma de castigar a las personas que fomenten el matrimonio infantil.