Debido a que cada trienio se presentan irregularidades en algunos presidentes municipales y alcaldesas que no entregan la Cuenta Pública y que todavía no existen sanciones ejemplares al evadir esta obligación, la presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso de Chiapas, Ana Laura Romero Basurto, informó que está trabajando una iniciativa de ley para sancionar con la separación del cargo a los funcionarios municipales que no cumplan con esta disposición anual.
El proyecto que está elaborando, dijo, precisa que la destitución de las funciones también podría aplicar en aquellos casos donde no se informe de la solicitud de prórrogas, pase a la fecha límite para la entrega (30 de abril de cada año) y los 30 días naturales que la ley ofrece. Lamentablemente, explicó la legisladora, es la única forma en que los funcionarios cumplan con sus obligaciones.
En ese sentido, refirió que de 124 ayuntamientos que tienen esta responsabilidad, tres no cumplieron con la Cuenta Pública de 2020 y bajo este concepto se ubicaron Amatán, Tenejapa y Teopisca. “Créanme que cuando esta reforma se apruebe y vea a un alcalde que no rinde cuentas, puede llevarlo a su separación; verán si no cumplen”, complementó.
Romero Basurto mencionó que aunque estos alcaldes no dieron argumentos para faltar a su obligación anual, se decidió que en esos municipios se auditará el 100 % las obras y los recursos públicos.
La diputada local reconoció que existe una “laguna terrible” en la misma Constitución. “Una ley que no trae una ejecución o trae aparejada una sanción, no se cumple”. Lo que viene, remarcó, es una revisión completa de lo ejercido, considerando que el análisis de la Cuenta Pública se hace por muestreo. Los municipios que no cumplen con su responsabilidad se ubican como “focos rojos” dentro de lo auditable.
Según Romero Basurto, aunque hay secrecía en los temas de los recursos, se ha buscado que los funcionarios no gasten los recursos de forma irresponsable y los procesos de investigación tienen sus etapas, por eso es que las sanciones no pueden son inmediatas.
Finalmente, la legisladora local explicó que en diferentes reuniones con la Auditoría Superior del Estado (ASE) se informó que se han girado expedientes con sanciones graves y esos documentos fueron enviados a la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que se haga lo consecuente y se investiguen los hechos delictivos.