Aunque los feminicidios en Chiapas continúan como uno de los delitos más sensibles por todos los daños que provoca en las víctimas y en las familias, en la actual legislatura se han realizado más de 20 foros en los municipios que están registrados con la Alerta de Violencia de Género, a fin de prevenir cualquier acción que ponga en riesgo la vida de las mujeres, puntualizó la vicepresidenta de la Mesa Directiva en el Congreso local, Haydeé Ocampo Olvera.
Explicó que al tratarse de una situación delicada, en meses anteriores se coordinaron con diferentes fuerzas parlamentarias para la creación de una Comisión Especial de Atención pero, también, se estableció un Consejo para agrupar a instituciones y organizaciones de la sociedad civil para robustecer los temas de justicia social ante estos crímenes.
En entrevista, la legisladora local recordó que la última actividad realizada fue el taller de capacitación denominado “El Acceso a la Reparación del Daño para las Familias Víctimas de Feminicidio”, dinámica que estuvo dirigida a familiares y organizaciones civiles que atienden la problemática.
El objetivo de hacer estas acciones preventivas, refirió, es dar “seguimiento a las acciones jurídicas, para que los resultados sean favorables y se logre una justicia”; también se busca fortalecer los acompañamientos legales y no permitir ningún acto de violencia.
Una de las ventajas, dijo, es que la legislatura que viene tendrá la responsabilidad de seguir colaborando en la prevención de los feminicidios, debido a que la Comisión Especial se convirtió en Ordinaria y, por lo tanto, deben ampliar las bases que quedaron establecidas.
“Es un tema transversal, tiene que ser trabajado por los diferentes poderes, pero también tenemos que tomar en cuenta a las diferentes organizaciones”, complementó.
La diputada local remarcó que ahora el Código Penal es más duro en cuanto a sanciones se refiere cuando se presentan los feminicidios; la idea de todas las modificaciones es que los victimarios tengan una revisión más detallada del delito que cometieron y, por otro lado, también las familias de las víctimas puedan recibir asesorías jurídicas y atenciones psicológicas.
“Estamos cerrando con una capacitación a las familias, a las organizaciones civiles; es indispensables guiarlos para que sepan qué hacer cuando se presente esta terrible situación, cuál es la guía y el camino a seguir para que ellas puedan ser atendidas y se logre lo que tanto buscan: la procuración de justicia”, enfatizó.
Refirió que ahora se ha observado un acompañamiento de las autoridades cuando ocurre el delito, hay procesos jurídicos más justos y también se están diseñando políticas públicas que son preventivas.