Para el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso de Chiapas, Marcelo Toledo Cruz, la propuesta del presidente de la República de que los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) sean elegidos por un voto ciudadano, no es un retroceso a la democracia ni tampoco se busca un control total en la organización de los comicios.

En el mes de marzo se informó que la Federación pondrá en marcha una propuesta para evitar, según ellos, que ocurran fraudes en los comicios o que no se respete la democracia; por eso se busca que, mediante el voto de la población, se elijan a los representantes de las autoridades en materia electoral.

La iniciativa, en teoría, contempla que los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) pongan a 60 personas como opciones para ocupar los máximos cargos en el INE; de ese número, todo se definiría a través de la decisión del voto bajo el argumento de un sufragio libre.

Sobre esto, Toledo Cruz opinó: “Revisemos la democracia que hemos tenido de 2018 hacia atrás, revisemos el comportamiento que está teniendo el árbitro y la autoridad electoral (...), yo no lo veo como un retroceso, no podemos presumir de democracia, hemos sido testigos de todo lo que le pasó al país”.

Para el diputado de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), las personas que se propongan para los cargos (aunque falta ver la iniciativa real) deben tener solvencia moral y ética, “tenemos que darle, por lo menos, el beneficio de la duda a ese proceso”.

Además de los consejeros y consejeras del INE, se espera también que la estrategia incluya a quienes ocupan las máximas representaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF); en estos casos también se buscará que sea la ciudadanía quien elija a los magistrados.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puntualiza que el Tribunal antes citado tiene la obligación de resolver impugnaciones federales (en caso de diputados y senadores), las diferencias en el INE, las sanciones impuestas por este organismo a personas físicas, partidos o agrupaciones políticas, entre otras.