La invalidez que emitieron nueve integrantes (de los 11) que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de dos de las reformas que forman parte del llamado Plan B en materia electoral, se debe a que no se cumplieron con los procesos legislativos correspondientes, pero hay que esperar el siguiente análisis de las otras cuatro leyes restantes, puntualizó Olga Luz Espinosa Morales, legisladora federal por Chiapas.
Los temas discutidos se asocian, explicó, con las Leyes Generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, que tenían como trasfondo que cualquier servidor público o persona que ostentaba un cargo pudiera hacer campaña con la justificante de la libertad de expresión.
Además, comentó, los actos anticipados de campaña quedarían legitimados, no obstante, al declarase la invalidez se garantiza que en la contienda electoral todas las partes tengan las mismas oportunidades.
“¿Qué es lo que se tira?, que los funcionarios públicos no puedan hacer propaganda política con dinero público a favor de determinado candidato?”, remarcó la legisladora federal por Chiapas.
El Plan B estaba compuesto, detalló, por seis leyes y este lunes se echaron abajo dos; fueron aprobadas en diciembre del año pasado en el Congreso de la Unión. Se espera que en las siguientes semanas se analicen las que están vinculadas con las instituciones, partidos políticos, medios de impugnación y una que reforma la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Espinosa Morales refirió que lo emitido en la SCJN es tomado de buena manera por la oposición, debido a que el argumento es que en las leyes no hubo discusión entre los partidos políticos y tampoco se dio la oportunidad de que se analizara la reforma.