El presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de Chiapas, Raúl Bonifaz, se congratuló de la aprobación a las reformas hechas a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo propósito es que ninguna persona violentadora pueda aspirar a cargos públicos o de elección popular y, agregó, en el 2024 aquellos personajes (con sentencia en firme) que estén vinculados con estos casos no podrán aparecer en las boletas.
“Estoy seguro que ningún partido va a atreverse a poner a un precandidato con un incumplimiento de estas obligaciones, no lo habrá. Sería exhibirse ante el pueblo de que no merece ni un voto ni merece ser, tampoco, servidor público”, enfatizó.
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El diputado local de Morena recordó que desde el pasado 18 de abril se adelantó y propuso ante el Poder Legislativo local la reforma para que aquellos deudores alimentarios o que hayan ejercido violencia física contra un mujer, no puedan ser electos ni tengan la oportunidad de estar en la administración pública municipal, estatal o federal.
El Congreso de la Unión, recordó, aprobó dichas reformas constitucionales, y esa acción comprometió a que los congresos locales analizaran el tema. El argumento del legislador es que el compromiso más importante es proteger el interés superior de las infancias y de las mujeres. Se espera que en junio de este año se traslade el proyecto al Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor.
Quienes estén en el servicio público, apuntó, tienen que ser ejemplo de honradez, honorabilidad y respeto a las leyes; de lo contrario, no podrán aspirar a funciones dentro de las regidurías, sindicaturas, diputaciones locales o federales, presidencias municipales o la gubernatura.
“Repito: es una vergüenza que alguien que actúa de esa manera, violentando a su familia o no pagando los alimentos a una menor, pueda ser un servidor público. Cómo puede tener el valor de estar en una dependencia o en un Congreso cuando es alguien que no cumple con la ley”, remarcó.
Finalmente, estas reformas, explicó, tienen un alcance para aquellas personas que tengan sentencia sobre delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como temas de violencia doméstica, violación a la intimidad sexual o violencia política hacia las mujeres en razón de género; en esos rubros es que se suspenderán los derechos.