En respuesta a los riesgos que enfrenta el sector, el Gobierno de Chiapas ha implementado un paquete de medidas legales y administrativas para blindar la función notarial y proteger a sus integrantes de posibles abusos o presiones por parte de la delincuencia.
Una de las disposiciones centrales es la obligatoriedad de que los notarios obtengan una autorización expresa de la Consejería Jurídica del Estado para realizar escrituraciones fuera de su jurisdicción territorial.
Al respecto, el consejero jurídico del gobierno estatal, Guillermo Nieto Arreola, detalló que, por instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se ha construido una relación institucional fortalecida con el notariado local.
Colaboración
Esta colaboración ha sido fundamental para desarrollar el proyecto de una nueva Ley del Notariado, diseñada específicamente para adaptarse a la compleja realidad social y de seguridad de la entidad.
“Después de más de doce años sin una atención prioritaria, hoy el notariado chiapaneco tiene un aliado en el gobierno. Trabajamos codo a codo en una ley que aborda desde la profesionalización y la agilización de trámites, hasta la vital protección de los notarios ante los riesgos actuales”, afirmó Nieto Arreola.
El funcionario explicó que el mecanismo de control que exige permiso para actuar fuera de la demarcación notarial permite a la Consejería mantener una supervisión estricta de los actos, previniendo así irregularidades derivadas de coacciones externas.
“Cada solicitud pasa por nuestro despacho. Este filtro nos da trazabilidad y control. Hasta ahora, el cumplimiento por parte del notariado ha sido ejemplar”, sostuvo.
Reconociendo un patrón de casos a nivel nacional donde grupos criminales han forzado a familias a formalizar despojos de propiedades mediante escrituras, Nieto Arreola subrayó la urgencia de fortalecer los principios éticos y los controles en la actividad notarial chiapaneca.
Como un “candado” adicional, destacó el proceso de digitalización del Registro Público de la Propiedad. Esta modernización, señaló, reducirá la interacción con intermediarios y permitirá a los notarios realizar trámites de forma directa y digital, minimizando espacios para maniobras irregulares. “La digitalización otorgará mayor certeza jurídica y seguridad tanto a las familias como a los propios notarios”, precisó.
El consejero jurídico reiteró el compromiso de la actual administración con una política de “Cero Corrupción y Cero Impunidad”, y confirmó que se siguen procedimientos legales por posibles irregularidades notariales en algunas regiones del estado.
