Organizaciones chiapanecas advirtieron que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) podría revertir prohibiciones clave contra la industria minera, favoreciendo el acaparamiento y la contaminación hídrica; señalaron su preocupación por la omisión de la discusión del fracking, técnica intensiva en agua y altamente tóxica, justo cuando comunidades del estado ya enfrentan una crisis de escasez y polución en sus ríos.
Comunidades indígenas, ambientalistas y organizaciones sociales, destacaron que la propuesta legislativa podría poner en riesgo el abasto para la población más vulnerable, al abrir la puerta a industrias que históricamente han acaparado y contaminado el recurso.
Activistas agrupados
Cambiémosla Ya, junto con la Alianza Mexicana Contra el Fracking y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda), exigieron que en la reforma se priorice el abastecimiento comunitario y no se permita la devolución de privilegios a la minería tóxica.
Según el proyecto presentado, el artículo 118 de la LAN, que en la actualidad prohíbe a las mineras descargar aguas residuales muy tóxicas, podría ser eliminado, lo que denuncian representaría una regresión grave.
Ese temor no es abstracto: Chiapas ya es escenario de explotación minera con concesiones extranjeras en varias regiones, incluso sobre territorios indígenas.
La sobreexplotación de agua por parte de estas empresas y el riesgo de contaminación se suma a otro factor complejo: el estado tiene planeados decenas de proyectos hidroeléctricos que, según expertos, exacerban el riesgo ambiental.
Aunque Chiapas es visto a menudo como un “estado acuífero”, numerosas comunidades viven una realidad distinta.
Problemática
Según la organización Blue Community, más de 80 municipios carecen de un sistema eficiente de abasto y saneamiento, incluso algunas plantas de tratamiento para el agua, están fuera de operación.
Otro punto de gran preocupación es que la reforma no aborda con claridad la prohibición del fracking, una de las demandas clave de movimientos sociales, a pesar de que empresas petroleras, como Pemex, contemplan esta técnica en su estrategia para explotar yacimientos no convencionales.
Para muchos defensores del agua en Chiapas, la reforma legislativa es una batalla por la supervivencia de ecosistemas y comunidades ya golpeadas por la contaminación, la desigualdad en el acceso al agua y el despojo territorial.
En este contexto, organizaciones sociales exigieron a los legisladores a no ceder ante el “lobby extractivo” y a garantizar que la ley priorice el bien común sobre las ganancias industriales.
