Integrantes de la Unión de Comunidades Aledañas al Parque Nacional Lagunas de Montebello A.C., urgieron la intervención del gobierno del estado a fin de evitar enfrentamientos con aquellas personas que tienen a su cargo el centro ecoturístico denominado “Mame Tziscao”, debido a las múltiples irregularidades que se están cometiendo.
Mario Pérez, representante del refugio La Cañada e integrante de la Asociación Civil, relató que en la zona se están cometiendo invasiones y destrucciones a las áreas naturales protegidas, a pesar de estar prohibido.
Aclaró que el riesgo está latente, seis comunidades que están unidas han optado por expresar el problema ante las autoridades, para que personalmente lleguen al lugar y revisen todas las anomalías.
Incluso, esta protesta se ha extendido también hacia el sector empresarial; hace unos días, Pablo Albores, presidente de la Alianza de Empresarios del Segmento de Naturaleza, dijo que en dicho centro turístico se obliga a visitantes a comer y hospedarse en la zona, de lo contrario son multados con tres y hasta cinco mil pesos; además, las Tours Operadoras son vetadas del lugar.
Otro de los problemas, relató Pérez, es que en Tziscao se obliga a los habitantes de otras comunidades a que ellos trabajen como guías locales y lleven los turistas; esta situación obligó a la ciudadanía a organizarse para oponerse a estas prácticas que, consideró, son monopólicas.
Daños
Calculó que en un perímetro de unas 30 hectáreas que forman parte de la reserva del Parque Nacional, se puede observar la devastación que hay sin que intervengan las autoridades ambientales.
Otra de las molestias que hay en el lugar, es que los guías locales también tienen que obedecer a quienes manejan el ejido Tziscao hasta con la renta de los chalecos para los usuarios cuando van a los lagos; en caso de que no lo hagan con los clientes, se les aplica una multa de 500 pesos, es decir, ponen sanciones en una reserva ecológica.
De acuerdo con vídeos proporcionados por los pobladores, en los Lagos de Montebello se observan pedazos de terrenos que son utilizados para actividades agrícolas, a pesar de que están en una reserva natural.
Finalmente, insistió en que representantes del gobierno lleguen a la zona en conflicto, revisen toda la documentación para ver las áreas invadidas y todos los abusos que se comenten con la tierra, con las comunidades, con los guías y hasta con los turistas.
