A 16 años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, defensor ambiental, fundador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y referente continental en la resistencia contra el extractivismo, organizaciones sociales recordaron que su caso continúa sin justicia; mientras alertaron sobre un nuevo ciclo de impulso a la minería que amenaza con profundizar daños socioambientales y reactivar la violencia en territorios históricamente afectados.
Asesinato
Mariano Abarca Roblero fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas, luego de denunciar públicamente los impactos sociales, ambientales y económicos provocados por la empresa canadiense Blackfire Exploration, que operaba la mina “La Revancha” en el ejido Morelia.
En su muerte, señalaron las organizaciones que no fue un hecho aislado: estuvo precedida por amenazas, campañas de criminalización e incluso una detención arbitraria dos meses antes de su asesinato, todo por defender el territorio y organizar a su comunidad.
Gracias a la movilización social que él impulsó, Chicomuselo logró declararse “Territorio libre de minería” y la mina de Blackfire fue clausurada.
Sin embargo, la violencia ligada a la actividad extractiva no desapareció.
Inseguridad
Pobladores continúan denunciando amenazas, presencia de grupos criminales y conflictos internos asociados a intereses mineros.
“Donde se instala una mina, no vuelve a haber paz”, reiteran las organizaciones acompañantes.
La lucha por justicia en el asesinato de Abarca se ha convertido en un ejemplo de impunidad binacional.
En 2017, su familia, REMA, Otros Mundos Chiapas y MiningWatch Canadá llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negligencia del Estado mexicano, que ignoró alertas sobre el riesgo que enfrentaba el activista.
Denuncia
Un año después, la familia denunció también al gobierno canadiense por la actuación de su Embajada en México, que, afirmaron, priorizó los intereses de Blackfire por encima de la seguridad del defensor.
Esta política, que organizaciones han nombrado “diplomacia letal”, evidencia cómo la política exterior canadiense puede agravar el riesgo para las y los defensores del territorio.
Tras el rechazo de tribunales canadienses, en 2023 se presentó un nuevo recurso ante la CIDH señalando la responsabilidad de ese país.
En septiembre de 2025, el primer ministro canadiense, Mark Carney, visitó México con el objetivo de fortalecer el T-MEC y promover oportunidades para capital privado, incluidas empresas mineras.
A esto se suma que Canadá ha debilitado su propio mecanismo de atención a quejas contra empresas canadienses en el extranjero, considerado ya de por sí insuficiente y sin capacidad vinculante.
Reactivación
El 19 de noviembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, volvió a presentar a México como destino “seguro” para la inversión minera, reactivando un modelo que organizaciones califican como “extractivo y de muerte”.
Ante este contexto, REMA denunció que la impunidad en el caso de Mariano sigue intacta y representa un precedente peligroso para comunidades que defienden su territorio.
Reiteraron su exigencia de verdad, justicia y reparación, así como el respeto a las comunidades que se han declarado libres de minería.
Además, enviaron un reconocimiento a la iniciativa “Premio Ambiental Mariano Abarca”, creada por Otros Mundos A.C., que este año distinguió a la Biored por sus alternativas comunitarias de energía, agua y soberanía alimentaria.
