El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas (Itaip) advirtió que podría imponer multas que van de los 10 y hasta 109 mil pesos para servidores públicos en el municipio de Arriaga, debido a que no han proporcionado respuestas a las solicitudes que se han hecho.
Y es que fue en la décima sexta sesión ordinaria (del pasado 24 de agosto) que se impuso una amonestación pública al director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Sapam) de ese Ayuntamiento, así como al responsable de la Unidad de Transparencia de dicho sujeto obligado.
Los integrantes del pleno del instituto tomaron esa decisión “por la falta de respuesta y no brindar la información requerida por la persona recurrente de la solicitud de información interpuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia”.
De hecho, insistieron en que si la postura no cambia por parte de los servidores públicos, se tomará esa conducta como una reincidencia y eso arrastrará otras medidas de apremio; en caso de llegar a multas económicas, no podrán ser pagadas con recursos públicos de la dependencia y las cantidades podrían aumentar si no atienden el tema.
“La solicitud de información pública recurrida requirió el título y cédula de la persona titular de la administración general que acredite el perfil para la obtención del cargo, así como el nombramiento oficial de dicha encomienda”, detalló el Itaip Chiapas.
Atender exigencias
Los integrantes del pleno indicaron que se garantiza el acceso a la información pública ordenando —en su caso— a los sujetos obligados a que atiendan las exigencias sociales; también se cuida el derecho de los sujetos obligados para que comuniquen “los factores por los cuales no pudieron atender las solicitudes de información en su momento, con la única intención de determinar las medidas de apremio y permitiendo la defensa de las personas presuntas infractoras”.
Finalmente, desde el Instituto de Transparencia se detalló que todos los sujetos obligados deben cumplir lo que marca la ley en materia de acceso a la información, toda vez que es un derecho humano que debe garantizarse por las instituciones públicas; de esa manera se permite a las personas conocer el desempeño de sus gobernantes en el manejo de los recursos públicos y su quehacer institucional.