Tras la aprobación de la reforma constitucional en materia laboral que reduce la jornada semanal de 48 a 40 horas en Chiapas, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Ibarra Gallardo, expuso que esto constituye una “simulación” que deja intactas las cargas laborales y sacrifica el bienestar real de los trabajadores.
Aunque la legisladora votó a favor, dijo que no es cómplice de lo que calificó como un engaño. “Las 40 horas deben sentirse en casa, pero esta propuesta tiene trampa”, sentenció Ibarra Gallardo.
La diputada reconoció que reducir la jornada laboral es una “causa justa y una demanda social legítima”, pero considera omisiones graves en el dictamen.
Distribución
El principal señalamiento de la panista fue que, al no establecer constitucionalmente un esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso (5x2), la reforma permite que el patrón distribuya las 40 horas a lo largo de seis días.
“Prometen menos trabajo, pero mantienen seis días laborales, garantizando apenas un día de descanso obligatorio.
Si el trabajador sigue yendo a su centro laboral toda la semana, la diferencia es mínima, casi imperceptible en la vida familiar”, enfatizó, secundando las posturas que a nivel nacional han manifestado tanto el PAN como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MV).
Horas extra
Otro punto a considerar, manifestó, fue el aumento permitido de horas extra. Ibarra Gallardo denunció que la reforma morenista amplía el tope de nueve a doce horas extraordinarias por semana.
“Anuncian que el trabajador laborará menos, pero abren la puerta para que termine trabajando lo mismo o incluso más; eso no es bienestar; eso es simulación”, aseveró, haciendo eco de las advertencias lanzadas en el Senado por la oposición respecto a que esto legaliza jornadas de hasta 52 horas.
La legisladora también cuestionó con firmeza la gradualidad impuesta por la reforma, la cual establece que el beneficio completo no llegará hasta 2030, en un proceso que inicia en 2027 con 46 horas.
Propuesta
Ante esto, Acción Nacional propuso que la entrada en vigor plena sea en 2028, dos años antes de lo estipulado por la mayoría. “El bienestar de las familias no puede administrarse con calendario electoral”, sentenció.
La legisladora local delineó la propuesta de su partido para que la reducción horaria no provoque efectos adversos en la economía, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que son las principales generadoras de empleo. Esta preocupación ha sido manifestada previamente por organismos empresariales en Chiapas, que advierten sobre riesgos de incremento en la informalidad si no se diseñan acompañamientos responsables.
