Desde de la mañana de este miércoles 8 de noviembre, un grupo de tapachultecos encabezados por Carlos Tapia Ramírez, comenzarán una huelga de hambre por las aspiraciones a la candidatura de una senaduría de Pablo Abaner Salazar Mendiguchía, quien tiene carpetas de investigación en materia penal.
Los inconformes entregarán un pliego petitorio a la delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado, junto a otras pruebas judiciales, para que la aspiración de Salazar Mendiguchía a un curul en el Senado sea cancelado debido a que tiene antecedentes penales y carpetas de investigación.
Indicaron que a más de 10 años de la catástrofe ocasionada por el huracán Stan en algunos municipios de la costa chiapaneca, muchos de los damnificados que recibieron el “apoyo” en la reconstrucción de casas, aún viven en colonias no municipalizadas, las cuales no cuentan con servicio básicos como drenaje, agua potable, ni escrituras.
Tapia Ramírez indicó que desde ayer la comitiva de inconformes establecería la huelga de hambre, pero debido a los constantes bloqueos carreteros en la zona Costa les fue imposible arribar a la capital del estado en la fecha pactada.
Agregó que Pablo Salazar fue encarcelado por los delitos de Asociación Delictuosa, Peculado, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Abuso de Funciones Públicas y Abuso de Autoridad, sin embargo, su liberación de prisión domiciliaria en noviembre del 2012, obedeció a un acuerdo político y no jurídico.
Salazar Mendiguchía aún cuenta con carpetas de investigación vigentes por peculado y asociación delictuosa, factores que los inconformes consideran necesarios para cancelar las aspiraciones a un cargo de elección popular y más aún por la vía independiente.
Salazar Mendiguchía por muchos años fue militante partidista, principalmente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que lo llevó en coalición junto a otros partidos, a la gubernatura en el 2006.
También pedirán que la Procuraduría General de la República (PGR) consigne las averiguaciones previas pendientes contra Pablo Salazar por peculado, enriquecimiento ilícito y daño patrimonial a la nación, y que se le incauten sus bienes y congelen sus cuentas bancarias.
