Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) se volvieron a colocar en el ojo del huracán por nuevas agresiones cometidas contra una persona en movilidad que fue obligada a subir a las llamadas “perreras” en Raudales Malpaso, municipio colindante con Veracruz y Tabasco.
En un video de 13 segundos que circula en redes sociales se observa a dos agentes federales de Migración (AFM) que golpean a un hombre vestido de negro que se resiste a subir a la unidad de detención estacionada frente al autobús desde donde grabaron el hecho.
Se observan jaloneos y puñetazos contra la persona en movilidad humana, justo detrás del vehículo oficial con matrícula NTC-52-91. “Lo están golpeando”, se escucha decir a una mujer a bordo del transporte público del que fue bajado la víctima.
Irineo Mujica Arzate, de la organización Pueblo Sin Fronteras, dijo que estaban “indignados por la forma brutal en que lo estaban golpeando, [por lo que] los migrantes empezaron a grabar los hechos”; y es por ello que pidió la destitución de los empleados que aparecen en la videograbación.
En ese mismo tenor, el defensor solicitó —también— a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitir recomendaciones por el “sin número de lamentables hechos” cometidos por agentes migratorios contra personas en movilidad, en todo el territorio mexicano.
Dan de baja a los agentes
Ayer 4 abril, el INM publicó un comunicado en el que condenó la agresión de los agentes federales ocurrida la mañana del lunes y detalló que sucedió en el punto de verificación ubicado en la caseta de cobro “Malpasito” de Raudales Malpaso.
Informó que procedió a la baja definitiva de funciones de los dos elementos y procedió a dar vista de lo sucedido al Órgano Interno de Control (OIC) del instituto, “para que se inicien las investigaciones y resuelva a lo que haya lugar”.
El INM se comprometió a interponer la denuncia respectiva ante el Ministerio Público correspondiente, para los efectos legales que se determinen.
“Si eres pobre no pasas”
De acuerdo con algunos pobladores de la zona, no es la primera vez que uniformados —incluso de la Policía Estatal y Guardia Nacional—cometen delitos contra migrantes, pues al ser una carretera poco vigilada se suscitan asaltos, violaciones a los derechos humanos y hasta tráfico de personas.
“El problema sucede cuando los migrantes se niegan a pagarles a los de Migración, a los policías o militares la cuota para avanzar por esa ruta. Los maltratan, porque aquí sabemos que los ‘polleros’ pasan en los camiones repletos de gente, hasta niños, pero ellos pasan libre porque ya hicieron trato en los retenes; a los que les va mal son los que no traen dinero”, comentó Lucas, habitante del lugar.
En el 2021, una niña haitiana de tres años de edad fue atropellada cuando caminaba con su familia a la orilla de la carretera, cercana a la caseta de cobro “Malpasito”. Durante el citado año y en el 2022, las autoridades aseguraron varios vehículos con hasta 300 personas migrantes a bordo.
La reapertura de esta ruta que conecta con los vecinos estados de Tabasco y Veracruz, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, coincide con la implementación de políticas migratorias acordadas con Estados Unidos, entre ellas, la militarización de las fronteras de México.
