Tras la negación para autorizar la apelación del caso Mariano Abarca, la Corte Suprema de Canadá puso fin a la posibilidad de una investigación administrativa y judicial sobre las irregularidades cometidas por funcionarios canadienses a favor de la empresa minera Blackfire, dijo Nicholas Pope, asesor jurídico de la familia del defensor de la tierra y el territorio.
Con base en el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration, esta puso a Mariano en mayor riesgo durante las semanas y meses previos a su asesinato; su familia presentó una queja bajo la ley de denunciantes de Canadá en 2018.
Pero el Comisionado de Integridad para la Administración Pública de Canadá, cuya responsabilidad es examinar denuncias y garantizar la confianza en el sector público, se negó a abrir una investigación pese a las mil páginas de pruebas que documentaban las acciones de la embajada en apoyo a la empresa.
El 12 de enero de este año, la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentada por la familia, “hemos agotado todas las vías para llegar a la verdad en Canadá”, dijo José Luis Abarca, hijo de Mariano.
El también activista ambiental destacó que si no investigan las acciones de los funcionarios canadienses, las Embajadas de Canadá en todo el mundo seguirán prestando un importante apoyo diplomático a empresas mineras canadienses, “es hora de que recurramos a organismos internacionales para que Canadá rinda cuentas”.
“Los funcionarios canadienses ofrecen un sólido apoyo político para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero y a menudo no respetan las propias políticas canadienses de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados”, agregó la académica Charis Kamphuis.
Ahora que los mecanismos de rendición de cuentas en Canadá se negaron a atender a la familia de Mariano Abarca, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de justicia.