La Secretaría de la Función Pública presentó 22 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por usurpación de profesión y, de acuerdo con el reporte, elabora otras once por el mismo delito contra 32 servidores públicos que entregaron cédulas y títulos profesionales falsos.
Éstos son datos dados a conocer recientemente, los que, sin embargo, en Chiapas no dejan de sorprender, pues el año 2000 este medio de comunicación presentó una denuncia en este sentido sin que ninguna instancia del Gobierno Federal se diera por enterada.
Además, varios actores sociales en Chiapas abordaron el tema en los años siguientes, señalando nombre y apellido. Se presentaron ante el entonces presidente Vicente Fox, quien -como ante otros asuntos- prefirió mirar hacia otro lado, por eso, el dato arriba mencionado es sumamente sorprendente, pues lo que ahora es motivo de persecución, antes en lo general no interesaba a nadie.
Por su parte, la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, ha presentado dos denuncias penales por la misma causa.
Ahora se dice que tras investigaciones realizadas por la dependencia en 2011 descubrieron que 36 servidores públicos presentaron documentación apócrifa al ingresar a las secretarías del Trabajo y de Salud.
También a los institutos Mexicano del Seguro Social y Nacional de Salud Pública, al Hospital Juárez de México y al Centro de Recursos Educativos Avanzados en Chiapas.
De las cédulas y títulos profesionales falsos detectados, 23 corresponden a personal de mandos medio y superior: una dirección general, dos direcciones generales adjuntas, ocho direcciones de área, cuatro subdirectores y ocho jefes de departamento; otros ocho documentos falsos corresponden a personal de apoyo.
La SFP mencionó que encontró a cinco servidores públicos de la Secretaría del Trabajo en la misma situación.
En lo administrativo, dos servidores públicos fueron inhabilitados por 10 años y destituidos, uno fue inhabilitado por cinco años y destituido, uno fue inhabilitado por tres años, cuatro fueron inhabilitados por dos años y destituidos, cinco fueron inhabilitados por dos años, y tres fueron inhabilitados por un año.
Asimismo, diez recibieron una amonestación pública, en cuatro casos sigue abierto el proceso y en un caso más no ha sido posible notificar la sanción.
