En los últimos meses habitantes de varios municipios han protestado de diferentes formas su rechazo al actuar de sus presidentes municipales, pidiendo incluso se destitución. A la lista se suma el alcalde de Socoltenango, Javier Mazariegos Guillén, a quien señalan por un presunto desvío de recursos y nepotismo.
La síndica municipal, Yolanda Moreno, respaldada por los regidores de aquel Ayuntamiento, dio a conocer que ya presentaron una queja ante el titular de la Auditoria Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez.
Indicó que para evitar que los miembros del Cabildo revisen los acuerdos que realiza, el presidente municipal los amenaza con retenerles el salario o bien destituirlos del cargo, por lo que sospechan de malos manejos del presupuesto público.
Solicitan que se inicie de manera inmediata una investigación para que se conozca el estado financiero de Socoltenango, toda vez que el alcalde se ha conducido con nula transparencia, al grado de convocar hasta ahora únicamente a dos reuniones de cabildo, en las cuales no informó la situación financiera de su gobierno.
Respecto al nepotismo que señalan que Javier Mazariegos introdujo a familiares directos e indirectos a diversas áreas del Ayuntamiento, por lo que en la nómina figuran desde sobrinos hasta su esposa, en el DIF municipal.
Los regidores señalaron los casos de Carlos Osbaldo Rodriguez, en Seguridad Pública; Citlali Azucena Caballero Mazariegos, como secretaria particular; José Francisco González, al frente del consultorio del DIF y Jorge Alejandro Maza, en dirección de agropecuaria, quienes son sobrinos directos del presidente municipal.
Además, refirieron el caso de Alejandra del Rocío Jiménez, como procuradora del DIF municipal, y Fredy Constantino Jiménez, como tesorero; ambos sobrinos de su esposa, incluso mantienen en nómina a Erick Coronel Ozuna, al frente de Obras Públicas, futuro yerno de Mazariegos Guillén.
Por si fuera poco, afirmaron que han despedido personal de manera injustificada, mientras que otros reciben malos tratos, lo que les impide realizar sus actividades en los cargos que desempeñan, toda vez que el alcalde ha dado entender que únicamente “su palabra vale”.
