Ante la prohibición de la roza y quema en predios urbanos y rurales en Chiapas, por parte del gobierno estatal, cada incendio de consideración que se registre en sus demarcaciones, los municipios deberán de presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Ambiental.
La declaratoria señala que los municipios deberán emprender acciones puntuales de prevención, equipar debidamente su fuerza de tarea, así como brindar la capacitación y equipamiento a los Comités de Prevención y Participación Ciudadana.
Los comités tendrán una labor importante, ya que contarán con la facultad de vigilancia y denuncia, al tener conocimiento de cualquier acto que se contraponga a los objetivos de la disposición.
Lo anterior, con fundamento en la ley de Protección Civil de la entidad, la cual estipula que se deberán implementar las acciones preventivas tendientes a salvaguardar la vida e integridad de las personas en riesgo, así como del medio ambiente y diversidad.
Esta nueva política se implementa ante la llegada de la temporada de estiaje 2020, medida que busca evitar siniestros o desastres que pongan en riesgo inminente la vida de las personas, sus bienes y su entorno.
A través de esta estrategia, cuando ocurra un incendio en cualquier municipio las autoridades locales deberán realizar la denuncia ante la Fiscalía Ambiental. Es imperante la necesidad de proteger a la población y sus bienes, con la colaboración de los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo al secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, el estado es hogar de innumerables especies vegetales y animales, que constituyen una enorme riqueza proveedora de recursos que satisfacen las necesidades de los seres humanos y mantienen un sano equilibrio ecológico.
Por instrucción del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la coordinación y operación de la estrategia de prevención y combate de incendios, se llevará a cabo a través de la Mesa Estatal y mesas regionales de seguridad.
Cabe mencionar que de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE) se castigará hasta con 12 años de cárcel a quienes sean responsables de incendios urbanos y rurales.
