En comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del Congreso Local y la Auditoría Superior del Estado (ASE), la alcaldesa de Simojovel, Viridiana Hernández, argumentó que el retraso en la Cuenta Pública correspondiente al 2019 del Ayuntamiento que encabeza, se debió a un problema de inexperiencia de los contadores y que el tesorero se contagió de coronavirus.
Sin embargo, el auditor superior del estado, José Uriel Estrada Martínez, indicó que el asunto de la inexperiencia de los contadores que contrató el Ayuntamiento es interno, además que la contingencia por la pandemia inició en marzo de este año en Chiapas, por lo que ambas situaciones no los exime del cumplimiento de la ley en un aspecto tan fundamental.
Confirmó que los funcionarios del Ayuntamiento de Simojovel serán acreedores a multas por el incumplimiento.
Las omisiones y responsabilidades en las que hayan caído se dirimirán en las instancias correspondientes, como el Tribunal Administrativo, la Fiscalía General, o en su caso si alcanza juicio político, en el Congreso.
Comentó que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas se reformó recientemente, estableciendo que la responsabilidad de los servidores públicos sobre el ejercicio de los recursos del erario trasciende a siete años.
Por lo tanto, deben tener en orden los recursos públicos en todo momento, enmarcados en la política de transparencia y rendición de cuentas, adoptada por el Gobierno Federal y del Estado.
En ese tenor, puntualizó que la alcaldesa, por su parte, debe fincar las responsabilidades por omisión a sus funcionarios y hacer los cambios necesarios.
Además, deben enfocarse en revisar la funcionalidad de cada área del Ayuntamiento.
Toda vez que la presidenta municipal argumentó que tuvo que cambiar de contador cuatro veces, porque no tenían experiencia en cuentas públicas, luego el tesorero se contagió de Covid-19.
Asimismo, mencionó al terminar la reunión que no fueron capacitados en temas de finanzas públicas por ninguna instancia.
Refirió que sí hay un incumplimiento con la entrega de la Cuenta Pública, una obligación establecida en la Constitución Política y leyes secundarias que se debe cumplir antes del 30 de abril del año siguiente al ejercicio que corresponda; si bien pueden solicitar una prórroga de 30 días, no pueden rebasar ese plazo.
Simojovel hizo uso de su derecho a una prórroga al igual que 25 ayuntamientos, pero no cumplió tampoco en ese plazo, al igual que Belisario Domínguez, que de acuerdo a la Comisión de Vigilancia también será llamado a comparecer.
Explicó que el procedimiento que marca la ley para la entrega de cuentas públicas de los ayuntamientos, es que estos deben entregar a la ASE para su revisión general, regresarlo al Ayuntamiento en cuestión y luego éste remitirlo al Congreso Local, para que también las revise y envíe nuevamente a la ASE para las auditorías.
La alcaldesa de Simojovel refirió que a mediados de julio entregó la Cuenta Pública a la ASE y justamente ayer la entregaron al Congreso Local, por lo que se espera que en un plazo 48 horas la remita a la ASE.
El auditor superior mencionó que por la contingencia diversos ayuntamientos incumplieron con los informes mensuales que deben entregar a la ASE, “pero no hay que echarle la culpa a la pandemia, porque eso tampoco es verdad”.
Sentenció que los ayuntamientos estuvieron trabajando en su área administrativa porque tienen que pagar nómina, mantuvieron activo el servicio de recolección de basura, de seguridad.
“El área administrativa no se puede cerrar, más en los ayuntamientos por diversos temas. Los tesoreros y los contadores deben asumir su responsabilidad y cumplir cabalmente con sus informes”, declaró.
La diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia, manifestó que los servidores públicos están para servir, no hacen un favor a la población; están obligados a rendir cuentas y transparentar sus acciones.
En el caso de las cuentas públicas, la legislación establece claramente la obligación de todos los ayuntamientos a cumplir con su entrega.
La intención de la comparecencia no es el linchamiento mediático, sino aclarar la situación para la población; reiterando que el Congreso y la ASE están en la disponibilidad de ayudar a los ayuntamientos ante contratiempos que presenten.
