Para frenar el flujo migratorio que ha rebasado la capacidad de respuesta de los gobiernos estatal y federal, las políticas para recibir a las personas de Centroamérica y extracontinentales pasaron de “puertas abiertas” a un muro de contención formada por seis mil elementos que integran la Guardia Nacional y que estarán vigilando toda la frontera sur.
La llegada de estos cuerpos de seguridad ha generado una serie de reacciones entre la población y el sector empresarial, que no acaban de entender si las labores serán de apoyo, observación o detención de personas que ingresen al país de forma irregular.
Ley
La Ley de la Guardia Nacional, la cual apenas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de mayo, puntualiza en el Capítulo III, Atribuciones y Obligaciones, que estos elementos deben prevenir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de las personas.
No obstante, en el mismo Capítulo II, artículo 9, inciso a), detalla que también se podrán desplazar en “las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares”.
¿Detenciones?
Hasta el momento, es el Instituto Nacional de Migración (INM) la instancia facultada para proceder con la detención de migrantes, pero la Ley de la Guardia Nacional establece en uno de sus apartados que estos elementos sí pueden apoyar en el aseguramiento de personas que estén en territorio nacional de forma irregular, pero tiene que ser a petición de parte.
También pueden “realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia”.
En el Capítulo II hace referencia a que la Guardia Nacional sí puede colaborar con las entidades federativas en operaciones coordinadas y para asuntos de seguridad pública.
Todo el despliegue acelerado hacia la frontera sur se deriva del acuerdo que alcanzaron los gobiernos de México y Estados Unidos a fin de evitar el cobro de un cinco por ciento en la exportación de los productos nacionales al país vecino. Los resultados tendrán que presentarse en 45 días.
Recientemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mostró su preocupación por el despliegue militar que hizo el gobierno para frenar el flujo migratorio, debido a que los elementos de seguridad carecen de capacitación para no vulnerar los derechos humanos de los migrantes.
El pasado 2 de enero de este año, la Presidencia de la República informó a través de un comunicado, que en dos años (2019 al 2021) se reclutarán a más de 50 mil personas para integrar este equipo de seguridad.
No obstante, entre la fusión de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal se desplegaron más 35 mil 745 elementos en 150 coordinaciones que hay en el país.
Sólo para este año se establece que habrán de reclutarse más de 21 mil elementos, para que sean integrados en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar).
Para este 2019 se espera que entre en operaciones este cuerpo de vigilancia, cuya operación económica asciende a los dos mil 500 millones de pesos y, con base en lo establecido en el artículo 92 de la Ley de la Guardia Nacional, todo el financiamiento lo absorberá la Federación, a reserva de los convenios que se hagan con los estados o municipios que requieran apoyo adicional en materia de seguridad pública.
Traficantes
La frontera sur se ha vuelto porosa por los más de 60 puntos ciegos que tiene y que los traficantes de personas aprovechan para lucrar con una necesidad social; han encontrado nuevas rutas para promover el negocio.
Suchiate, por medio del río principal que divide a México con Guatemala, es una de las entradas principales no sólo de hermanos de Centroamérica, sino también de toneladas diarias de mercancías; en esta parte, la propia Guardia Nacional cuenta con atribuciones para inspeccionar dichos cargamentos, que forman parte de la seguridad nacional.
Deportación
Sobre el tema del cruce de personas que vienen del extranjero, la Ley de Migración establece en su artículo 144 que cualquier persona extranjera será deportada si al estar en territorio nacional no cuenta con la documentación requerida, proporcione información falsa o que tenga un proceso penal en su contra.
El número de elementos para cuidar la frontera sur ha hecho que el costo para cruzar sea más elevado y se ha convertido -de por sí lo era- en un negocio redondo para los “polleros”, es decir las personas que se encargan de cruzar a los migrantes por distintas rutas, sin importar el peligro.
Sin embargo, este tipo de actividades son sancionadas, como lo establece el Capítulo Único de los Delitos; en el artículo 159 de la Ley de Migración se contemplan de ocho a 16 años de prisión y hasta 15 mil días de salario mínimo para quienes trafiquen personas y las sanciones aumentan cuando se involucra a niños, niñas y adolescentes.
