El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestó su “preocupación por las amenazas de muerte” en contra del párroco de Chicomuselo, Eleazar Juárez Flores, por lo que solicitó a las autoridades del Estado mexicano “acciones efectivas para proteger su vida, seguridad e integridad personal”, así como de todas las personas defensoras de la tierra y el territorio en ese lugar.
“El sacerdote de la parroquia de San Pedro y San Pablo, recibió amenazas de muerte por parte de José Hernández Domínguez, presidente del comisariado ejidal de Pablo L. Sidar, el pasado 29 de septiembre”, agregó.
Señaló que de acuerdo con el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz García”, mientras el sacerdote se encontraba en la gasolinera del municipio de Chicomuselo, “el presidente del comisariado ejidal lo agredió verbalmente diciéndole “que se estaba ganando unos balazos”.
Sostuvo que “cuando el padre Eleazar regresaba a la casa parroquial, se percató de que lo seguía la misma persona”.
El Frayba señaló que “la agresión en contra del sacerdote se da en respuesta a su trabajo pastoral, ya que ha denunciado el incremento de la violencia en la región, especialmente porque las autoridades locales se han molestado por la cancelación de permisos de venta de alcohol y por la denuncia en la impunidad a casi un año del feminicidio de la señora Virgilia Villatoro Pérez”.
Manifestó que desde la parroquia Juárez Flores “se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos, sobre todo en contra de la extracción minera en la región”.
En octubre de 2010, abundó, “denunció amenazas de muerte por acompañar a las comunidades en la defensa de su territorio, en el mismo contexto donde fue asesinado nueve meses antes el defensor Mariano Abarca”.
Recordó que de manera consistente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “ha reiterado al Estado mexicano que el medio más eficaz para proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos es investigar los actos en su contra y sancionar a los responsables. La impunidad frente a este tipo de agresiones, alimenta la percepción de que estos actos son tolerados por el Estado y sus instituciones”.
