El secretario de Protección Civil del Estado (PC), Luis Manuel García Moreno, dio a conocer que este jueves se estableció la alerta roja para los municipios de la región Istmo-Costa, Soconusco y Frailesca por las altas temperaturas registradas, superiores a los 37 grados centígrados, las cuales son condiciones propicias para fuertes incendios.
Dijo que la cercanía con los trópicos provocan en Chiapas las altas temperaturas a pesar de estar en plena temporada invernal, situación que se deriva también de los efectos del cambio climático que se han visto en los últimos años, como el déficit de lluvias.
Explicó que en los últimos días se ha registrado el fenómeno denominado 30x30 que resulta en estado de alerta, el cual consiste en condiciones favorables para el incremento de incendios con una velocidad del viento por arriba de los 30 kilómetros por hora, humedad relativa por debajo del 30 por ciento, sumado al termómetro por arriba de los 30 grados.
El funcionario indicó que ya están trabajando para disminuir los incendios forestales y en zonas urbanas, como la capital chiapaneca, en los terrenos baldíos, con la atenuante de que ahora se pueden establecer sanciones a aquellos que provoquen un siniestro de estos.
Enfatizó que ahora se tipifica como delito grave requiriendo multas de hasta 50 mil pesos y de cinco a 12 años de prisión, bajo la agravante de delito contra el medio ambiente.
Por otro lado, García Moreno señaló que existe una disminución histórica en los niveles de cuerpos de agua en la entidad y sumado a eso se pronostica que el 2020 será el quinto año consecutivo con un importante déficit de precipitaciones, que en 2019 fue del 25 por ciento menos que en años pasados.
“Esto es parte también del cambio climático, solo hay que ver los niveles del caudaloso río Suchiate, que actualmente permite el cruce hacia Guatemala incluso a pie con el agua por debajo de la rodilla”.
Enfatizó en que ante este panorama tanto gobierno como sociedad deben tomar muy en cuenta el riesgo de desastres, lo que implica reconocer el derecho constitucional a la protección civil pero también las obligaciones, no dejando la responsabilidad en una de las dos partes, sino trabajando en medidas coordinadas.
