El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano informó que en días pasados ingresaron al Centro de Detención Migratoria de Huixtla, ubicado al interior del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, donde detectaron un hacinamiento que supera un 200 por ciento de su capacidad.
Las organizaciones denunciaron que en este centro la alimentación, acceso al agua potable y atención en salud son deplorables.
Este centro, ubicado en la costa del estado, es considerado formalmente como una “Estancia Provisional Tipo A”, dependiente del Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que sus capacidades son para detenciones de un plazo máximo de 48 horas, y tiene capacidad para ingresar un máximo de 30 personas, en una celda para hombres y otra para mujeres.
El colectivo afirmó que lo sucedido en el Centro de Detención no es un suceso aislado, ya que han constatado que a partir de visitas de monitoreo en el corredor central migratorio de Chiapas, existe una serie de condiciones y acontecimientos de gran preocupación.
En la nueva Estancia Provisional de Cupape II, conocida como “La Mosca”, las organizaciones mencionan que se ha convertido en un foco rojo en en materia de violaciones a derechos humanos, ya que en los últimos meses este centro de detención ha llegado a sobrepasar en varias ocasiones las cifras de detención de la Estación Siglo XXI.
“Tiene grandes deficiencias en materia de infraestructura, como la ausencia de agua potable y para consumo, poca ventilación de la bodega en donde permanecen sin separación alguna hombres, mujeres, familias, niños, niñas, adolescentes y población LGBTIQ; inexistencia de espacios al aire libre y la casi inexistente atención médica, que desencadenó una protesta el 17 de octubre por la ausencia de personal médico para atender una emergencia”, informó el colectivo.
En el último operativo militar de detención del pasado 12 de octubre en Tuzantán, muchas de las personas africanas, haitianas y centroamericanas fueron detenidas en este lugar, entre ellas varias que habían sido separadas de miembros de sus familias, en la que se incluye un niño de 11 años que fue separado de su padre trasladado a Siglo XXI.
Asimismo, en las estaciones de Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez se han identificado en las últimas semanas un aumento en la detención de niños, niñas y adolescentes no acompañadas, pese a que legalmente no deben permanecer en estos centros de detención. A esto se suma que no existen dietas adecuadas nutricionalmente y los permisos de salida al aire libre se dan de forma discrecional.
En la Estación de Comitán se ha identificado la negación de kits de aseo que deben ser administrados al ingreso al centro y en la Estación de Tuxtla se han recibido testimonios de discriminación y hostigamiento a mujeres detenidas.
Por último, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano manifestó su preocupación en la dinámica que se ha consolidado desde la firma del acuerdo México-Estados Unidos de detención indefinida de personas que son “rescatadas” por fuerzas policiales y que luego deben permanecer detenidas hasta que la fiscalía determine los casos, sin ninguna garantía de acceder al reconocimiento de víctimas e información sobre los procesos judiciales y administrativos migratorios.
Las organizaciones pidieron se suspenda la detención prolongada e indefinida a la que se está sometiendo a las personas, especialmente de origen camerunés y togolés, poniendo a estas en libertad inmediatamente.
Se respete su derecho de asilo, dado que 37 de las personas africanas detenidas en Huixtla manifestaron su voluntad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiadas.
También se atiendan las necesidades de atención en salud física y mental, producto del deterioro causado por el largo tránsito migratorio de estas personas, acumulado al maltrato sufrido en los centros de detención de Tapachula y Huixtla.
