En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU-Mujeres alertaron sobre el crecimiento de esta modalidad delictiva mediante estafas en línea. En Chiapas, factores como la ubicación fronteriza, los flujos migratorios y los altos índices de pobreza, colocan al estado entre las entidades con mayores condiciones de vulnerabilidad.
Bajo la campaña “Atrapadas/os detrás de la estafa”, las organizaciones advirtieron que los grupos criminales utilizan falsas ofertas de empleo, redes sociales y plataformas digitales para captar personas, trasladarlas y obligarlas, mediante amenazas, violencia o deudas, a cometer estafas en línea, como fraudes románticos, inversiones falsas o esquemas relacionados con criptomonedas.
Operación
Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron que el uso de herramientas digitales, inteligencia artificial y activos virtuales ha permitido que estas redes criminales amplíen su alcance y oculten con mayor facilidad las ganancias obtenidas mediante la explotación de las víctimas.
Además, subrayaron que esta modalidad representa un desafío creciente para las autoridades encargadas de investigar y perseguir estos delitos.
Componente de género
En 2022, seis de cada diez víctimas de trata detectadas en el mundo fueron mujeres y niñas, quienes enfrentan mayores riesgos de violencia y explotación a través de medios digitales.
Por ello, ONU-Mujeres insistió en que las estrategias de prevención y atención deben incorporar una perspectiva de género y de derechos humanos, evitando además que las víctimas sean criminalizadas por los delitos que fueron obligadas a cometer.
Chiapas, entre las entidades más vulnerables
Aunque Chiapas no concentra de manera constante el mayor número de carpetas de investigación por trata de personas, especialistas y organismos internacionales consideraron que la entidad reúne múltiples factores que incrementan el riesgo de este delito.
Entre ellos destacan su condición de frontera con Guatemala, el intenso flujo migratorio hacia el norte del país, la movilidad constante de niñas, niños y adolescentes y la presencia de redes de delincuencia organizada que aprovechan la vulnerabilidad de personas migrantes.
Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) identificaron a la frontera sur como uno de los principales corredores donde convergen la trata de personas, el tráfico de migrantes y diversas formas de explotación.
Municipios como Tapachula, Suchiate, Ciudad Hidalgo, Frontera Comalapa y Comitán son considerados zonas de mayor riesgo por su ubicación estratégica dentro de las rutas migratorias y comerciales, aunque ello no implica necesariamente que concentren el mayor número de denuncias.
Condiciones sociales de la entidad
Chiapas mantiene altos niveles de pobreza, pobreza extrema y marginación, factores que incrementan la vulnerabilidad de la población frente a redes de trata.
Además, es la entidad con los mayores porcentajes de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza y con carencias en salud, educación y seguridad social.
Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022, elaborada por el INEGI, la OIT y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Chiapas ocupa el segundo lugar nacional en trabajo infantil, con más de 338 mil niñas, niños y adolescentes en esta condición, de los cuales 184 mil realizan actividades no permitidas para su edad.
Asimismo, organizaciones especializadas identificaron municipios como Chilón, Altamirano, Chenalhó, Huixtán, Oxchuc, Tenejapa, Yajalón, Simojovel, Pantelhó, Soyaló, San Juan Cancuc, Chalchihuitán, Chamula y San Cristóbal de Las Casas como zonas donde existen condiciones propicias para el enganche de víctimas debido a la pobreza, el desplazamiento y la alta presencia de población indígena.
Reforzar la prevención
Como parte de la respuesta internacional, Naciones Unidas impulsa la Convención contra la Ciberdelincuencia, aprobada en 2024, y promueve alianzas entre gobiernos, empresas tecnológicas y el sector financiero para fortalecer la detección de operaciones fraudulentas, el intercambio de pruebas digitales y el desmantelamiento de redes criminales.
