Chiapas encabeza la lista de los estados con más casos de trata de personas en el país; ante ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades encargadas del primer contacto con posibles víctimas de este delito, se capaciten y sensibilicen a su personal sobre el respeto a los derechos humanos y las garantías de esa población para su debida detección.
En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el organismo nacional subrayó la discriminación, falta de capacitación, de diagnósticos y sistematización de información sobre las víctimas de los delitos en materia de trata de personas .
Hecho que hace que quienes pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y queer (LGBTTTIQ) se encuentren invisibilizadas en las cifras oficiales reportadas por las autoridades.
Hace unas semanas, la Comisión realizó un Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas, en que documentan 5 mil 245 casos entre el 15 de junio de 2012 al 31 de julio de 2017, en la cual Chiapas junto a Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca se efectuaron el 70% de las investigaciones
Basado en los datos proporcionados por las procuradurías y fiscalías generales, en los ámbitos federal y estatal, en México la trata de personas afecta principalmente a las mujeres, que representan el 85% de las víctimas.
Además, se dio a conocer que el porcentaje de víctimas de explotación sexual es del 70% de las víctimas totales, y el de víctimas de trata en materia laboral es de 17%, y en cuanto a la edad de las posibles víctimas identificadas en México, la mayoría son personas adultas al representar el 73%, siendo 27% restante personas menores de 18 años de edad.
Ante esto, la Comisión alertó sobre la falta de detección e identificación por las autoridades en materia de trata de personas y las diversas formas de explotación, a pesar de que México cuenta con instrumentos internacionales ratificados en la materia y leyes que obligan a los tres órdenes de gobierno a formular una política pública integral.
“No basta con tener la mejor legislación, sino que es necesario materializar su contenido y que las personas lo perciban en su vida cotidiana”, informó el organismo nacional.
La Comisión añadió que a nivel global, los países detectan y reportan más víctimas, y también sentencian a más tratantes, sin embargo, el número de personas que terminan en procesos de esclavitud y explotación no disminuye y va en aumento, en tanto que las modalidades y formas de enganche y sometimiento se hacen más complejas y, sobre todo, más violentas, lo cual quiere decir que las estrategias represivas de los Estados no han sido la solución principal.
El organismo nacional sobre la pertenencia de las víctimas detectadas a algún grupo en condiciones de vulnerabilidad observó que del 72% de total no se tuvo registro y en el caso del 27% se indicó que no pertenecían a ninguno de esos grupos.
Únicamente se tuvo información de la sistematización de información de seis personas de la comunidad LGBTTTIQ posibles víctimas, 29 pertenecientes a una comunidad indígena, de cuatro personas con discapacidad y tres personas migrantes en tránsito.
