En el marco de una asamblea extraordinaria, el doctor Domingo Ruiz López, presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y la doctora Sandra Luz Carvajal Magaña, presidenta de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas, ofrecieron una conferencia de prensa para analizar el paquete económico 2026 y las recientes reformas fiscales.
Domingo Ruiz explicó que este documento presentado el pasado 8 de septiembre, introduce modificaciones significativas a la Ley de Ingresos, el Código Fiscal de la Federación y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Déficit
Señaló que si bien México ha carecido de una reforma fiscal profunda en los últimos años, esto ha generado un déficit fiscal que presiona el presupuesto público.
Aunque reconoció un incremento importante en la recaudación, impulsada por fiscalización con inteligencia artificial, advirtió que el déficit debe resolverse.
“El paquete económico contempla un aumento en distintas tasas y tarifas del IEPS, por ejemplo, en bebidas azucaradas, tabacos y juegos con apuestas. Sin embargo, donde más nos llama la atención son las reformas al Código Fiscal de la Federación”, afirmó Ruiz López.
El presidente nacional de la Academia Fiscal alertó que las reformas proponen un control más estricto sobre los contribuyentes, lo que, combinado con las recientes reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, podría amenazar la certeza y la seguridad jurídica tributaria.
Por unos pagan otros
“Entendemos la idea de control que tiene la autoridad fiscal, especialmente contra el flagelo de las empresas ‘factureras’. Combatir este crimen es absolutamente correcto. No obstante, existe el riesgo de que, por controlar a algunos, se afecte a todos los contribuyentes”, expuso.
Hizo hincapié en que estas medidas podrían ser contradictorias con los objetivos de impulsar la competitividad, la inversión y el llamado “Plan México” o Polos de Desarrollo. “Con este tipo de reformas, no nos parece que se ayude a la seguridad jurídica ni a la inversión”, aseveró.
Uno de los puntos más preocupantes, según el experto, es la posible restricción en el uso del Certificado de Sello Digital, el mecanismo esencial para expedir facturas. “Si esto se restringe, una micro, pequeña o mediana empresa no podría facturar ni cobrar a sus clientes, y si no puede hacer eso, simplemente no puede operar”, explicó.
