La Alianza Global para la Prevención de Conflictos Armados (GPPAC), una red global de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la prevención de conflictos y la consolidación de la paz, y la Alianza Norteamericana para la Prevención de Conflictos Armados, pidieron a las autoridades correspondientes generen entornos favorables para la ciudadanía debido a los últimos acontecimientos de violencia.

La Alianza expresó su preocupación ante la escalada de violencia armada en Chiapas y, de manera aguda, en la región fronteriza con Guatemala.

“Esta violencia conlleva altos niveles de inseguridad y un fuerte impacto en la vida y el bienestar de la población civil y coloca en una situación de vulnerabilidad a personas defensoras de los derechos humanos y de la tierra y el territorio”, consideró.

La red global ve afectada a la entidad debido a una disputa territorial entre grupos del crimen organizado en 2021: “Son hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores viven con miedo y terror por las amenazas que han recibido de los grupos armados”.

Por tanto, las consecuencias de dichos eventos han generado un impacto en la población civil por hechos de violencia, asesinatos, tortura y desaparición de líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, voluntarios de la Iglesia católica, autoridades comunitarias y funcionarios públicos.

Además, la actividad criminal, consideraron, está más vinculada al control que estos grupos ejercen sobre los funcionarios políticos y públicos a nivel nacional.

“En muchos casos, la violencia es ignorada sin investigación ni rendición de cuentas o apoyada por la policía y las autoridades municipales. Expresamos profunda preocupación por la normalización del conflicto violento que se observa tanto en Chiapas como en la zona fronteriza con Guatemala. La situación resta importancia a los nefastos efectos de la violencia y afecta a todo el tejido social del país”, manifestaron.

Por lo tanto, la Alianza Global para la Prevención de Conflictos Armados solicitó el reconocimiento público por parte del Gobierno Federal del aumento de la violencia en Chiapas y, específicamente, del conflicto armado que afecta la región fronteriza con Guatemala desde 2021.

Así como una respuesta coordinada e integrada implementada por todas las entidades institucionales competentes para brindar atención humanitaria tanto a la población civil que permanece en las zonas afectadas por la violencia, como a la población desplazada forzosamente.

La Alianza pidió la garantía de la protección de la población civil contra la violencia mediante una acción pertinente del gobierno. Aumento de los esfuerzos no militares del gobierno basados ??en el diálogo para prevenir y abordar la violencia armada tanto en Chiapas como en la zona fronteriza con Guatemala. Mantener una mayor cooperación con agencias multilaterales, organizaciones internacionales y autoridades federales y estatales para garantizar los derechos y la seguridad de los pueblos indígenas, los defensores de derechos humanos, los periodistas y cualquier persona en México.