Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado, puntualizó que después de haber concluido una primera etapa de desalojos en predios estatales, autoridades federales ya preparan un desalojo de las invasiones presentes dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, quienes en próximos días podría efectuarse con el fin de salvaguardar la conservación del área.
El fiscal indicó que esta serie de desalojos no es dirigido hacia una organización en particular, ya que irán tras de todas las invasiones en la capital y su periferia, por tanto, el siguiente paso será la intervención del gobierno federal para la recuperación de terrenos invadidos dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, que cuenta con una superficie aproximada de 21 mil hectáreas, que desde el 8 de diciembre de 1980 se encuentra sujeta a conservación y su alteración es considerado un delito federal.
Llaven Abarca comunicó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha hecho las denuncias correspondientes dirigidas hacia las invasiones dentro de esta reserva natural, por lo que, en breve se tendrá una intervención del gobierno federal en estos terrenos.
Desalojo
El funcionario dio los pormenores sobre el desalojo que se llevó a cabo la mañana de ayer en el predio denominado Las Brasas-Loma Larga, ubicado al sur oriente de la capital.
Informó que en estas acciones participaron más de mil 500 efectivos de la policía municipal, estatal y federal, acciones que permitió recuperar un total de 28 hectáreas.
Además se detuvieron a un total de 92 detenidos personas, de estas 57 ya fueron puestas en libertad.
De las 35 personas que aun se encuentran detenidos, 15 son mujeres y 20 hombres, todos ellos esperan la resolución que emita el ministerio público en cuanto a su situación jurídica.
Ante esta serie de desalojos, el fiscal expresó a los medios de comunicación, que ya se han girado órdenes de aprehensión a los líderes que encabezan estas invasiones, además, se cuentan con carpetas hacia notarías públicas que han proporcionado documentación apócrifa.
“Entendemos que muchos de los invasores, son engañados y manipulados por los líderes, utilizan a la gente. En esta ocasión, durante el proceso de entrevistas, se descubrió que algunos eran obligados a estar dentro del lugar, por lo que no descartamos iniciar carpetas de investigación por privación ilegal de la libertad”, dijo.
Además, contó que después de los desalojos, se realiza una vigilancia perimetral para asegurar que no existan actos de respuesta.
El fiscal agregó que hasta ahora no tiene una investigación hacia autoridades del estado que hayan apadrinado dichas invasiones, pero que se seguirán trabajando en las 71 carpetas de investigaciones y de las siete mil hectáreas invadidas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, San Fernando, Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa y Villaflores.
Sobre esto, Llaven Abarca dijo que existen algunas organizaciones que se encuentran en mesas de diálogo con la Secretaría de Gobierno, por lo que, esperarán las resoluciones para determinar acciones.
En un análisis de los tres desalojos realizados durante este mes, se han recuperado 100 hectáreas y detenido 96 personas.
Puntualizó que en esta etapa donde piensa intervenir el gobierno federal, bajo la coordinación de la Conanp y la Fiscalía General de la República, esperan coadyuvar en estos trabajos que estarán encabezando las autoridades federales.
