Los ciudadanos que ayuden a grupos delictivos y/o obstaculicen el ejercicio de las fuerzas armadas en alguna eventual confrontación contra rebeldes, podría ser acusados de delitos contra el orden constitucional y enfrentar penas de dos a 20 años, explicó el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano Velasco.
Esta exposición jurídica, a colación de los recientes eventos en Frontera Comalapa donde se señala que civiles obstaculizaron el tránsito policial en beneficio de grupos armados en la zona. Es de precisar que este hecho se ha repetido en otras zonas de la región Sierra en meses anteriores: civiles bloquean el paso a fuerzas estatales o federales.
Expertos
El experto explicó que los bloqueos carreteros simples son catalogados como ataques a las vías de comunicación, pero según el Código Penal para el Estado de Chiapas, los delitos contra el orden constitucional incluyen acciones contra la seguridad del Estado, incluyendo rebelión, sedición, motín, conspiración, entre otros.
En este contexto, quienes obstaculicen el tránsito de las fuerzas armadas, mediante bloqueos e incluso quienes proporcionen, armas, vehículos o herramientas, pueden ser acusados de Rebelión.
Por ello, el abogado, de manera respetuosa dijo que lo ideal para la ciudadanía como para las instituciones, es conducirse con estricto apego derecho.
Contexto
Cabe recordar que, recientemente, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio, expuso que tras la emboscada donde perdieran la vida agentes policiales de Chiapas, detuvieron a cinco sujetos acusados de delincuencia organizada, además de 10 civiles que habrían obstruido carreteras y las labores de los agentes que investigan el caso.
Es de mencionar que este tipo de delitos, históricamente han sido condenados por organismos no gubernamentales, que los señalan de herramienta de castigo a modo para los incómodos del sistema.
