La violencia criminal se manifiesta irrefrenable e impunemente en todo el país. En unas cuantas horas llueven en las redacciones de los medios de comunicación relatos sobre cuatro policías de un laboratorio de la calzada de Tlalpan y la calzada del Hueso, asesinados para robar seudoefedrina, sustancia esencial para la fabricación de drogas sintéticas como crystal; del asesinato de una mujer; en Monterrey, ataque que dejó cinco heridos; de un joven empresario acribillado en Acapulco y de un decapitado descubierto en Apodaca, Nuevo León.
Todo ocurre a los pocos días de que un teniente de la Marina, agente encubierto, fue sacrificado en Acapulco junto con el jefe municipal de seguridad interna, y en el Distrito Federal fue muerto el comandante de la división antisecuestros del estado de México.
El siniestro cuadro dibuja un territorio sin ley en el que predominan las acciones criminales y las agencias gubernamentales de seguridad son, en el mejor de los casos, incompetentes y, en el peor, cómplices o solapadoras, cuando no cándidas al interpretar los mensajes escritos que dejan los delincuentes conminándolos a capturar a Joaquín El Chapo Guzmán o a La Barbie, como se conoce a otro malviviente.
Es inverosímil el frenético desbordamiento de la violencia del crimen organizado, cada vez con mayor poder destructivo, con la soberbia de quien no reconoce más fuerza que la propia, sin el mínimo respeto para la autoridad y con la certidumbre de que el castigo no los alcanzará.
Las muertes no se dan solamente entre los criminales, lo cual no dejaría de ser grave. Son víctimas de los sicarios los policías e investigadores y la sociedad entera que está a merced de las pandillas de hampones. El Estado ha sido incapaz de garantizar su seguridad.
Pero ese hecho no basta para exigir enérgicamente acciones efectivas y concretas contra las mafias del vicio y el crimen que vayan más allá de las reuniones burocráticas planeadas para su difusión en los medios, no para avanzar en el saneamiento de la vida nacional.
La corrupción se une a la ineficiencia, como lo demuestran los grupos de élite de las brigadas anticrimen que terminan como sicarios al servicio de los capos y como se sospecha por el crecimiento de las vastas zonas de la República que cada ano se suman a las que están bajo el control de narcotraficantes y secuestradores.
Eso está delineado claramente a lo largo de la frontera norte y de los litorales marítimos y en la capital de la República. En suma, el crimen avanza, la autoridad se repliega.
No es posible permitir que todo un país quede como rehén de la delincuencia organizada, ante autoridades impotentes y Congresos ajenos a lo que ocurre en materia de seguridad nacional.
Reclamamos con firmeza acción enérgica y resultados inmediatos.
La inseguridad nacional nos pone en riesgo a todos y nos presenta ante el mundo como una sociedad indigna de tratos serios.
Si ni siquiera podemos poner orden en nuestra convivencia social, estamos condenados a recluirnos para rumiar nuestros lamentos. No es esa la mejor de las aspiraciones. (El Universal)
