Organizaciones, colectivos y colonos exigieron a las autoridades estatales que se realice una “investigación a fondo e imparcial” de la agresión que el domingo pasado sufrieron cientos de ambientalistas en San Cristóbal de Las Casas, cuando pretendían plantar 2 mil árboles en la reserva ecológica de Quenvó.
También exigieron “castigo a los responsables, por acción y omisión; alto a la impunidad que acompaña las acciones de los grupos armados en la región y su desarticulación; garantías de seguridad para los pobladores de los barrios que rodean la reserva de Quenvó y otras áreas naturales protegidas de la zona, así como cumplimiento irrestricto de la ley que protege las áreas naturales de San Cristóbal y de todo el estado de Chiapas”.
Recordaron que el domingo pasado, alrededor de 500 personas, habitantes de los barrios de Cuxtitali, Las Delicias, Humedales María Eugenia y la zona norte de esta ciudad, arribaron a la reserva de Quenvó, situada en el oriente, para sembrar dos mil árboles, pero “fueron recibidos con balazos al aire y pedradas por unas cien personas, que se dijeron habitantes de la localidad de Molino Los Arcos, armados con resorteras, machetes, piedras y armamento de alto poder”. La agresión dejó más de diez lesionados por piedras.
precisaron que el decreto 516, de 2016, y mediante el cual se creó la reserva, otorga su custodia al sistema de agua autónomo del barrio de Cuxtitali, por lo que cada año se realiza una campaña de reforestación, pues los agresores han talado muchos árboles.
“Quienes signamos el presente documento no vamos a permitir que este tipo de hechos delictivos sigan ocurriendo al amparo del poder, por lo que acudiremos a todas las instancias nacionales e internacionales, necesarias para exigir justicia”, expresaron la Casa de la Mujer Ixim Antsetic; Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC; la Red de Monitoras Indígenas en la Defensa de Derechos Humanos; Kinal Antsetik; la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra en el Valle de Jovel; el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.; la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua; el Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático (Moviac), entre otras agrupaciones.
Manifestaron su preocupación por “la proliferación de grupos armados en la región, que operan en la más absoluta impunidad y con la protección o complacencia de las autoridades y por el control territorial que tienen sobre amplios espacios, para ejercer diversas actividades ilícitas, desde la tala clandestina hasta el tráfico de personas y de diversas mercancías”, así como por “la participación de niños en las agresiones en contra de los ambientalistas.
