La directora de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, exigió a la Presidencia de la República que “se abstenga de usar a la Guardia Nacional para contener protestas; que se reconozca públicamente la labor de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Chiapas”.
También demandó que se retire la base que la Guardia Nacional tiene en el municipio de Chilón, “construida sin el consentimiento del pueblo indígena tseltal y que se repare el daño a las personas cuyos derechos fueron violados” en las protestas para impedir su edificación.
Olivares Ferreto llegó a San Cristóbal acompañada por otros integrantes de su equipo para presentar en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el informe titulado “Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente”.
“Estamos haciendo presentaciones en los estados en los que hay casos documentados que aparecen en el informe.
“Empezamos en Chiapas porque el informe tiene dos casos documentados de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente que han sido criminalizadas: el de la colonia Maya que tiene dos años resistiendo a la destrucción de su zona de protección, y el de los defensores de Chilón”, mencionó.
Añadió que el documento, que fue presentado por primera vez el 13 de este mes en la Ciudad de México, “documenta cómo el Estado mexicano hace uso indebido del sistema penal para criminalizar a las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente”.
Sostuvo que “aunque hay muchos casos en los que el Estado utiliza el sistema penal: protestas feministas, de personas que luchan por otras causas, no solo tierra y territorio y conservación de espacios urbanos, encontramos que en el caso de personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente hay un patrón en que el Estado mexicano utiliza el sistema penal para mantener a las personas criminalizadas durante mucho tiempo”.
Prueba de ello, dijo, “es que todos los casos, cuatro que están en este informe, siguen teniendo causas pendientes. El Estado se niega a cerrar esas causas y por eso decidimos concentrar el informe en las personas que defienden la vida, el territorio, la tierra y el medio ambiente”.