Un logro innegable de la sociedad mexicana en los últimos tiempos ha sido la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que desde hace dos anos consagra derechos que nunca deberán ser regateados a los mexicanos, como es el caso de saber qué se hace con los recursos públicos en las diferentes instancias de gobierno en el país.
La certidumbre en el manejo del dinero de todos los mexicanos da confianza a la ciudadanía de que su contribución al erario, vía impuestos, no termine en manos equivocadas, en lugar de servir para el crecimiento social y la distribución equitativa de nuestros bienes.
Aun así, el trayecto hacia mejores niveles de transparencia no ha estado exento de dificultades y resistencias. Un recuento hecho por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), sobre sus primeros 24 meses de trabajo, revela que ha enfrentado 83 juicios de amparo de parte de secretarías de Estado, organismos paraestatales y aun empresas privadas, que se consideran afectadas en sus intereses, al exigírseles, por ley, revelar algunos aspectos de su administración.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Energía, Pemex, Luz y Fuerza del Centro y el Banco de Comercio Exterior son algunas de las instituciones que han solicitado al poder Judicial declarar inconstitucionales algunos artículos de la ley correspondiente. Para fortuna de la sociedad, la mayor parte de los juicios no ha prosperado.
Acaso el ejemplo más revelador de resistencia al cambio ha sido el del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), que es la instancia que más ha recurrido a la interposición de amparos, muchos de los cuales los sabe perdidos de antemano, pero que sirven a los abogados de esa institución para retrasar la entrega de información requerida.
El avance democrático que significa la ley que garantiza la rendición de cuentas de gobernantes y funcionarios no tiene marcha atrás, porque la sociedad misma no permitiría un retroceso en el tiempo.
Quienes ven defectos a la ley respectiva tienen que detenerse a pensar que, independientemente del estudio de cada caso en particular, las grandes excepciones que permiten reservar información ya están senaladas en la ley seguridad nacional y privacidad de las personas, por ejemplo, de tal manera que no hay pie a confusiones, y que no puede haber más excepciones que ésas. La instancia que más promueva la opacidad será la que más atención reciba de la sociedad, porque con sus acciones defensivas sólo está indicando que tiene mucho qué esconder y que las posibilidades de encontrar irregularidades son mucho más altas que en el resto de las dependencias e instancias públicas.
Es el caso del IPAB, cuyos índices de confianza entre la ciudadanía no han sido nunca de los más altos, y con recursos de amparo que interponen sus abogados respecto de las resoluciones del IFAI, sólo hace sospechar que el rescate bancario aun tiene ángulos poco claros y que, por lo mismo, deben ser conocidos por quienes pagamos una carga extremadamente onerosa para nuestras vidas.
Transparentar la información es obligación de toda instancia gubernamental y aun organismos privados vinculados con aquéllas, por lo que insistir en una resistencia inútil sólo genera suspicacias y desconfianza en quienes intentan impedir que los mexicanos estemos informados de lo que ahí ocurre.
Urge que la parte judicial tome esto en consideración antes de otorgar dichos amparos. (El Universal)
