El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación, analizará la permanencia o no de las escuelas que tienen dentro de su aprendizaje actividades militares en el país; sin embargo, toda la comunidad estudiantil tiene garantizados sus estudios sin importar lo que pase, informaron autoridades educativas.
Raúl Bonifaz, representante en Chiapas de la SEP, comentó que el análisis tiene su argumento en el hecho de que ese sistema no está contemplado en la Ley General de Educación y tampoco forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Derechos garantizados
Dijo que es importante entender que los alumnos y alumnas que estén en instituciones con esas actividades no se verán afectados en sus procesos académicos.
Bonifaz comentó que la revisión de la permanencia o no de las escuelas militarizadas abre un debate en el país, debido a la formación que ofrecen y que buscan que la niñez y la juventud se alejen de malas prácticas.
Para las familias, comentó, deben estar tranquilas en el sentido de que se trata de una revisión y se debe esperar qué determina el Gobierno Federal, pero no habrá vulneraciones a los derechos educativos.
Lo que se busca
El propósito de revisar las escuelas militarizadas en México, consideró Bonifaz, es que cumplan con lo marcado en la ley y que se garantice la protección del alumnado.
Además, enfatizó, se deben mantener parámetros básicos relacionados con la formación integral, la inclusión, el respeto a los derechos humanos y todo lo marcado tanto en la Constitución como en la Ley General de Educación.
Recordó que, con base en diversos reportes nacionales, en México hay alrededor de 25 escuelas que operan con actividades militares en el país, incluyendo a Chiapas como entidad federativa.
La mayoría, comentó Bonifaz, se ubican en los niveles de secundaria y bachillerato, con agregados en materias de formación física, organización jerárquica y actividades de inspiración militar.
“Entre las entidades que cuentan con instituciones públicas bajo este esquema destacan Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Chiapas, Coahuila y Zacatecas, donde las administraciones estatales impulsaron estos proyectos con el argumento de fortalecer la disciplina, el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo y el civismo entre los jóvenes”, relató el representante de la SEP en el estado.
Finalmente, se detalló que uno de los debates generados con estas instituciones se vincula con la supervisión, debido a que han surgido denuncias por presunto maltrato físico o actos de violencia en algunas zonas, por lo que se busca que haya un marco de respeto a los derechos humanos y de seguridad.
