FGR pide denunciar delitos durante consulta popular

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en atención a Delitos Electorales (Fisel), pidió a la ciudadanía denunciar cualquier conducta irregular durante la realización de la consulta popular a desarrollarse el próximo 1 de agosto.

La Fiscalía Especializada señaló cuatro posibles delitos que pueden cometerse durante la jornada, uno de ellos es que se haga proselitismo o presione al electorado el día de la consulta, para orientar su voto o para que se abstenga emitirlo.

Otros son los siguientes: obstaculizar o interferir el escrutinio y cómputo; introducir o sustraer urnas de forma ilícita, papeletas o introducir falsas; utilizar bienes, servicios o beneficios de los programas sociales o ejercer cualquier tipo de presión para votar o abstenerse a hacerlo y solicitar votos por dinero, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse a emitirlo.

Además, también llamaron a denunciar a servidores públicos que realicen alguna de estas conductas: coaccionar, inducir o alentar a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción y condicionar la presentación de un servicio público, el cumplimiento de programas, el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones o la realización de obras públicas.

La Fiscalía recordó que la consulta popular es un mecanismo directo de participación en la que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público.

En esta ocasión, la consulta popular propuesta tiene como fin el preguntarle a la población si aprobaría o no un juicio político contra los ex presidentes del país que van desde Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

De manera específica, la pregunta sometida a consideración del electorado será la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.