Ramón García * CP. Empresarios locales inconformes con irregularidades y cobros injustos, integran demandas contra la directora de la Administración Portuaria Integral (API), Flor de María Cañaveral y personal cercano.
Además, solicitan a las autoridades federales que se inicie una investigación porque aseguran que además este grupo se benefició con obras de infraestructura a través de una constructora propiedad de un presunto familiar.
Cabe mencionar que existen además denuncias por despidos injustificados cometidos en contra de empleados de la API que no quisieron entrar en la dinámica de acoso, injusticias y extorsión que se les indicaba hicieran en este recinto fiscal.
Comerciantes, productores y pescadores señalan que Puerto Chiapas prácticamente se ha venido a pique por acciones que no buscaron atender los requerimientos y lejos de representar una oportunidad de negocio para los productores locales, se ha convertido en un dolor de cabeza por las altas tarifas que la Directora pretendía cobrar.
Desde hace varios meses, altos productores de la región y empresarios culpan de manera directa a la titular de la Administración Portuaria Integral, Flor de María Cañaveral Pedrero, de consolidar una presunta asociación delictuosa con otros funcionarios de esta dependencia federal como Anaca Eslaba Nuñez (supuesta dictaminadora), Jesús Hernández Reyes (presunto jurídico de la empresa federal) y María del Carmen Cacho Ruiz (presunta apoderada legal).
De tal magnitud es el problema que éste ya obra en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), al grado de correr el riesgo de arraigos y autos judiciales, de llegar a tener probanzas fehacientes, ante varias demandas en su contra.
Las sindicaciones van en contra de los anteriores funcionarios, por varios delitos federales ante la serie de presuntos delitos que decidieron aplicar en contra de varios agraviados a quienes los tienen amenazados con prácticamente una extorsión bien maniobrada de forma jurídica con el expediente 08/2010 Juzgado 3º y 4º federal.
Y es que todo comenzó cuando varios productores fueron víctimas de demandas por el área jurídica de la Administración Portuaria Integral, supuestamente fraguadas bajo actos de mala fé; hasta orillarlos a firmar convenios laborales por el uso del área portuaria.
La intención de las firmas, fue como gancho para que pagaran sanciones estratosféricas que rebasaban los dos millones de pesos.
Como las cantidades eran sumamente enormes, con ello no solamente provocaron el susto de los empresarios y productores, también han orillado a quebrar a Puerto Chiapas por sus equivocaciones; ahuyentando empresas trasnacionales como la suspensión de sus actividades de la línea naviera Hapag-Lloyd, que decidió retirarse, porque nadie quería enviar sus productos por el recinto portuario.
