La demanda de empresarios para exigir al Gobierno de Chiapas el pago de diversos adeudos heredados por la administración de Juan Sabines Guerrero, ha destapado una cloaca de irregularidades y corrupción en la que están involucrados proveedores y funcionarios de diversas dependencias que en la administración anterior adquirieron productos a sobreprecios que rebasan los autorizados por la normatividad federal.
Y es que de acuerdo con información publicada por el diario Reforma, las anomalías fueron detectadas por las dependencias estatales que revisan los casos de los quejosos, a quienes por procedimiento se les requirió la documentación que avala la facturación que presentan y, en algunos casos, la sorpresa es que no cuentan con los soportes que validen la legalidad de los cobros.
El desfalco a las finanzas públicas podría ascender a más de mil millones de pesos, debido a que los proveedores vendieron insumos al Gobierno del estado por cantidades que superan en más del mil por ciento los precios de referencia establecidos por el Gobierno federal.
Justificación
Los adeudos que reclaman los empresarios, corresponden a adquisiciones gubernamentales realizadas durante los años 2011 y 2012, los últimos de la administración sabinista y fue particularmente en el 2012 cuando la deuda se incrementó de manera considerable.
Por citar un ejemplo, los insumos para tres hospitales se adquirieron sin que mediara un proceso de licitación y con precios hasta mil 900 por ciento superiores a los autorizados.
Empresas
Es el caso de Luis Refugio Ortega Beltrán, quien vendió 634 cajas de 20 tabletas de Digoxína, cuyo precio de referencia era de 5.04 pesos y facturó a 63 pesos cada una.
Y también el de Empresas OC, & A. de C. V, de Óscar Alfonso Constantino Ortega, cuya factura con fecha 1 de septiembre de 2012, describe la venta al Hospital General de Comitán, de 30 cajas de Midazolam por un monto de 37 mil 470 pesos, es decir, la unidad costó mil 249 pesos, sin observar que, de acuerdo con el Diario Oficial, el precio de referencia no rebasa los 70 pesos.
En ambos casos, los funcionarios que aparecen como responsables de la compra son la administradora y el director del citado hospital, Karla Morales Guillén, y David Antonio Hurtado Gordillo, respectivamente.
Los empresarios sabinistas insisten en el pago de facturas que dejaron pendientes de cobro en 2011 y 2012, para endosarlas a la siguiente administración a sabiendas de que mantenían diversas irregularidades.
