"Heriberto Ortiz * CP. Es necesario que el gobierno chiapaneco solucione la problemática de invasión de tierras en San Cristóbal de Las Casas, pues el tema va más allá de la defensa de derechos particulares, sino de la necesidad de cumplir lo que mandatan las leyes mexicanas y que validan el Estado de Derecho en el país, explicó José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Asociación de Abogados de Chiapas.
Además, dijo que en caso que los afectados de origen extranjero solicitaran al apoyo de sus embajadas, el caso podría llegar a la Federación, el Gobierno Mexicano tendría que pedir al chiapaneco un detalle de los incidentes y solicitar además la aplicación del Estado de Derecho.
El experto explicó que para los gobiernos resulta ineludible hacer cumplir el Estado de Derecho, no solamente a favor de las personas que se vean inmiscuidas en afectaciones varias, sino por la necesidad de hacer respetar la ley que da valía al Estado Mexicano y al de Chiapas en específico por las recientes invasiones de tierras.
Y es que en fechas recientes, el tema de invasiones ha tomado ""vigencia"", toda vez que grupos de campesinos se han apoderado de tierras de propiedades particulares de ciudadanos de origen extranjero en la zona poniente de San Cristóbal.
Al respecto, el argumento ofrecido en su oportunidad a los medios de comunicación por Domingo Ruiz López, presidente de la Organización para el Bienestar, Desarrollo, Unidad y Respeto de los Pueblos Indígenas, uno de los líderes del movimiento, es que ""desde el año 2010 solicitaron la donación de un terreno ante el gobierno de Chiapas, porque hay mucha gente que no tiene dónde vivir, tienen que pagar renta y es muy caro; son de escasos recursos y no pueden comprar una vivienda"".
Al respecto el presidente de los abogados chiapanecos explicó que la necesidad de tierras y vivienda es comprensible, pero no debe ser pretexto para realizar actos ilícitos, por lo que los indígenas deberían insistir en las instancias pertinentes para solicitar el apoyo que requieren.
Y es responsabilidad de las autoridades, en este caso el actual Gobierno de Chiapas, atender estas demandas para brindar mejores condiciones de vida de los grupos en necesidad.
Federación
Agregó que el hecho que los afectados tengan ascendencia extranjera, es una situación que podría aportar elementos jurídicos de ""presión"", pues en caso que los afectados solicitaran ayuda a sus embajadas, éstas tendrían que exigir a la Federación la salvaguarda de los derechos de los afectados.
Posteriormente, la Federación tendría que solicitar al Gobierno del estado un detalle de los incidentes y solicitar la aplicación de justicia, el castigo de los invasores, la restitución de las tierras y también el beneficio social que los indígenas solicitan.
Y es que, dijo, la invasión y el despojo son delitos del fuero común que deben ser atendidos de inmediato.
Finalmente, el abogado descartó que el problema pudiese convertirse a en disputa diplomática, pero especificó que ciertamente requiere que el gobierno solucione de inmediato para garantizar el Estado de Derecho en Chiapas.
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