"Heriberto Ortiz * CP. Si las recientes reformas a los procedimientos y códigos penales en Chiapas realmente buscan cercar a la delincuencia del enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, deberán ser los funcionarios que culminan el actual periodo de gobierno estatal los primeros en recibir el tratamiento de los procedimientos modificados por el Congreso local, mismas que sí contemplan un grado de vigilancia, infiltración y allanamiento, explicó el presidente de la Asociación de Abogados Chiapanecos y de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, ONG, José Manuel Blanco Urbina.
Explicó que la aprobación de esas modificaciones por parte del Congreso del estado, a petición de gobierno estatal, busca sumarse a las iniciativas similares aprobadas en el Congreso de la Unión en días pasados, aunque reconoció, se deja abierta la posibilidad para que la figura del procurador de Justicia pueda ordenar acciones de invasión de la privacidad contra investigados.
A detalle explicó que el apartado de ""las Técnicas Especiales de Investigación"" que fue aprobado y refiere, entre otras cosas, a la infiltración de agentes policiales en operaciones encubiertas, obtención de información mediante prácticas de vigilancia permanente, en realidad son destrezas inadecuadas que se han realizado desde hace mucho tiempo, en tanto que las recientes reformas únicamente legalizaron estas acciones ya existentes.
Respecto de los abusos que estas actividades podrían significar, dijo que la ciudadanía debe confiar en el actuar de sus autoridades que están obligadas además moralmente a ejercer la justicia sin trastrocar el derecho ciudadano y sin vulnerar sus derechos humanos.
Pero además, existe una regulación al tema, pues el procurador tendrá que respetar lo establecido en la Constitución federal que en el artículo 16 garantiza la libre actuación de los ciudadanos, el manejo, movimiento y garantías de seguridad jurídica de éstos.
""Pese a su reciente aprobación, las reformas son poco útiles, pues esas prácticas ya se realizaban, además esas disposiciones no resolverán el tema de delincuencia organizada, solamente será otro medio para operar policialmente"", dijo.
Pero si esas reformas fueron en verdad pesadas en cercar para reducir prácticas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, se tendrían que aplicar a los funcionarios que dejarán sus cargos en el actual gobierno estatal.
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