"Cualquier política de seguridad y justicia en el mundo consta de cuatro pilares: policía, Ministerio Público, jueces y defensores de oficio. Si una de esas cuatro patas falla, la mesa se desploma. De ahí que un gobierno democrático que aspire a ser eficaz debe apostar por el robustecimiento equilibrado de tales pilares. En el presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados ese principio no se cumplió.
El Poder Judicial Federal no recibió recursos para la implementación del nuevo sistema penal caracterizado, entre otras cosas, por los juicios orales. El Poder Judicial Federal había solicitado 34 mil 870 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados le autorizó sólo 31 mil 383 millones.
Contrasta el recorte a los juzgadores con el incremento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de casi 8 mil millones de pesos para concluir en 50 mil millones totales. No es que esté mal arropar a las Fuerzas Armadas, pero si al mismo tiempo se quitan las herramientas que permitirían más y mejores juicios, la combinación resulta en una política autoritaria, capaz de perseguir supuestos criminales pero incapaces de probar su culpabilidad, mi mucho menos de sentenciarles con justicia. Ya de suyo es grave seguir apostando al Estado policial, otras veces criticado en este mismo espacio.
Pero la circunstancia del 2011 será además desafortunada para un recorte porque resulta un año clave para implementar la reforma penal federal. Con esta decisión tal iniciativa quedará probablemente detenida.
Quizá los legisladores consideraron que el Poder Judicial ha ejercido mal los recursos, que ha despilfarrado en salarios y prestaciones onerosas. De haber sido esa la justificación tendrían que haber cuidado la partida dedicada al aterrizaje de la reforma penal. Pero no existió tal distinción.
Los datos son contundentes. Que no digan en el futuro los legisladores de la presente legislatura, ni el gobierno federal, que apuestan por un Estado de Derecho. Parecen más bien partidarios de la famosa frase de Porfirio Díaz: ""Mátenlos en caliente"".
La única forma de no caer en ese autoritarismo es realizar una política de seguridad y justicia sustentada en procesos expeditos, imparciales, objetivos y transparentes.
En resumen: apostar sinceramente por el debido proceso. No es buena cosa para nuestro país invertir tan asimétricamente en la policía y los soldados si no hay jueces y ministerios públicos que equilibren la acción del Estado.
(El Universal)
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