La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, órgano administrativo desconcentrado, dio a conocer ayer la asignación de 33 millones de pesos a Chiapas para avanzar en la aplicación del nuevo proceso penal acusatorio.
Los recursos etiquetados aplican en función de la ejecución de los proyectos aprobados por la entidad para este 2015 y correrán a cargo por el Poder Judicial del estado, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
Actualmente el Sistema de Justicia Penal Acusatorio opera en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán, Tonalá, Villaflores, Ocosingo y Pichucalco, aplicado para delitos no graves o los que no se prevén en el artículo 213 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Chiapas.
Como ejemplo, delitos como tráfico de menores, extorsión y lenocinio, aún no son sancionados a través del proceso penal acusatorio en Chiapas, sino por el tradicional.
Por lo que para avanzar en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se asignó dicho presupuesto determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, que puede ser utilizado para la prevención del delito, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos.
Los recursos destinados, según la Secretaría Técnica, buscan fortalecer la implementación del nuevo sistema de justicia para una mayor penetración de las acciones necesarias en Chiapas. También haciendo indispensable crear y publicar el marco normativo alineado a los principios constitucionales, realizando la reorganización de las dependencias involucradas en la seguridad, administración, procuración e impartición de justicia.
Además, entre los rubros en donde se tiene que invertir dicho presupuesto, figuran la capacitación de personal, adecuación y construcción de más infraestructura para juzgados orales, así como para la dotación de tecnologías de la información y el equipamiento para cumplir con la operación, administración y técnicas que implican los procesos de gestión del nuevo sistema penal.
