“Realmente si la ley de cobranza delegada se hubiera aprobado sería catastrófico, habría muchas personas que no tendrían para sufragar sus gastos por no tener una buena cultura financiera, elevando los índices de pobreza en México”, manifestó Néstor Gabriel López, consultor fiscal y patrimonial.
Mencionó que esta iniciativa seguramente surgió a partir de que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), entidades que otorgan crédito, arrendamiento y factoraje financiero, están pasando por una serie de impagos.
Casos
“Una muy grande del Sureste de México se fue a la antesala de concurso mercantil el año pasado y seguramente ya está en etapa de quiebra.
Están perdiendo su condición crediticia porque derivado de la pandemia, incluso varios años después, no pudieron recuperar ese lastre del acuerdo que emitió el Gobierno Federal para proteger a los usuarios de servicios financieros. Fue ahí que empezó a cabildearse está ley”, refiere.
Visto desde lo económico, refirió que las Sofomes ayudan a que el crédito fluya y haya mayor producción de bienes y servicios, pero desde los usuarios, hay que decir que los intereses que cobran son muy altos y pueden generarse abusos.
“Al no aprobarse la reforma, las Sofomes seguramente entrarán en procesos concursales mercantiles, que son la antesala de la banca rota en México”, dijo Nestor.
Y agregó, “no se ha dicho como tal, porque no sería un buen discurso, pero considero que esa ley quiere rescatar algo, que, si no se hace así, será más complejo la reactivación”.
Cobranza delegada
Explicó que la cobranza delegada ya existe en el ámbito privado, pero solo a través de convenios y con un límite de retención de salarios marcado por la legislación. Una Sofom puede acordar con una empresa y sus trabajadores el otorgamiento de créditos.
La Sofom o un banco solo puede retener hasta un 30 % del excedente del salario mínimo, es decir, si el trabajador gana más de los ocho mil 400 que oscila el salario mínimo mensual, únicamente de ese excedente podrán retenerle para pagar el crédito que solicitó.
Con la reciente reforma que abrió el debate de cobranza delegada, lo anterior no aplicaría y solo generaría una curva de riesgo con dos factores: la capacidad de ahorro que tengan los mexicanos que se sabe es muy baja y que tres de cada cuatro personas no la tienen.
Incluso, la Escuela Nacional de Salud Financiera reporta que el 47 % de los mexicanos ahorra la parte proporcional a una quincena de su salario al año, es decir, un 4 %.
El otro factor serían las condiciones de mercado macroeconómicas, la geopolítica, considerando la amenaza notable a las remesas provenientes de Estados Unidos, así como a las exportaciones por los aranceles.
Incrementa cartera vencida
Según datos del Banco de México (Banxico), al finalizar noviembre de 2024, el saldo de la cartera vencida de los créditos que la banca privada destina para el consumo de las familias tocó su nivel más alto desde que se tienen registros, al situarse en 46 mil 343 millones de pesos.
En estos se incluyen financiamientos otorgados por medio de productos como las tarjetas de crédito, préstamos de nómina o personales, los cuales no han recibido pago alguno en 90 días o más. El saldo en cartera vencida es 1.9 % superior en términos reales si se compara con los 43 mil 481 millones de pesos reportados en 2023.
Los datos emitidos señalan que específicamente, en el portafolio vencido de los préstamos descontados a los trabajadores por medio de sus nóminas, alcanzó un saldo de 11 mil 225 millones de pesos, 7.2 % menos respecto a los 11 mil 602 millones de pesos reportados en noviembre de 2023.
Reforma presentada y eliminada
La reforma de ley relacionada al cobro de créditos de nómina, en el Senado fue noticia debido a que pretendía establecer la cobranza delegada, lo que fue rechazado por la oposición y diversos especialistas en el tema, siendo al final cancelada, ya que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que de ser aprobada la vetaría.
Dicha iniciativa abriría la posibilidad a los bancos de realizar cobros directos a los trabajadores de una empresa que hayan adquirido préstamos y que no han hecho los pagos correspondientes, estableciendo la retención hasta del 40 % del salario, en común acuerdo con los patrones.