En el inicio del segundo periodo extraordinario de sesiones del segundo ejercicio de la LXIX Legislatura el Congreso del Estado se aprobó la Ley de Voluntad Anticipada calificada como “progresista” por los legisladores.
Durante el análisis y discusión de la misma, la diputada Jovannie Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció en contra de la misma.
La legisladora argumentó que este es un tema complejo por las implicaciones de ética médica y las implicaciones jurídicas que conlleva.
Dijo que sería una ley progresista en caso de que el estado garantice los servicios de salud para la población en todos sus niveles.
Señaló que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que más del 60 por ciento de la población chiapaneca carece de acceso a servicios de médicos.
“Queremos legislar para el buen morir cuando no garantizamos el buen vivir”, expresó.
Favorece los cuidados paliativos: Getsemaní
En su intervención la diputada Getsemaní Hernández Moreno, de Morena, se pronunció a favor de la Ley de Voluntad Anticipada afirmando que se trata de la dignidad de las personas a decidir sobre su vida.
Para la diputada del partido guinda, la voluntad anticipada no es un acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente. No —subrayó—, no es eutanasia, no prolonga ni acorta la vida, respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos al final de esta, ofreciendo siempre el acompañamiento y soporte humano sin intervención médica.
Además expuso que con ello Chiapas se suma a los estados progresistas que impulsan leyes a favor de la dignidad de su población.
Finalmente con 34 votos a favor y uno en contra se aprobó la Ley de Voluntad Anticipada para la entidad chiapaneca.
En la misma se establece que mediante un instrumento notarial las personas pueden anticipar que, en caso de enfermedad terminal o accidente que imposibilite tomar decisiones, la vida no se prolongue con tratamientos o de manera artificial (conectados) sino que siga su curso natural.
Esta es la principal diferencia con la eutanasia que mediante una inyección o tratamiento se adelanta el proceso de fallecimiento a petición del paciente.
Víctimas de feminicidios están más protegidas
En otro tema, durante la sesión, con 36 votos a favor también se aprobó la adición del artículo 424 bis Ley Ingrid para el estado de Chiapas.
La diputada Katy Aguiar Álvarez, impulsora de la misma, explicó que esta ley incluye sanciones de dos a seis años de prisión para las y los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones transgredan el derecho de las víctimas a la privacidad, a la dignidad, y por supuesto a la memoria de las víctimas.
“Los servidores públicos que llegan, muchas veces policías municipales, ministerios públicos, peritos, que son los primeros respondientes en un crimen (…) en el ejercicio de sus funciones tienen que fotografiar, videograbar para efectos del expediente”, expuso.
Agregó que: “sin embargo, el manejo de esta información debe ser para efectos del expediente probatorio, el expediente que se está abriendo y por supuesto no debe caer en manos de nadie más y muchas veces estas fotografías, documentos, videos son difundidos, comercializados, expuestos por estos servidores públicos que tienen en sus manos la obligación de manejar esta información con mucha delicadeza”.
Subrayó que muchas veces estas imágenes que se toman son retratos de escenas muy trágicas, desgarradoras de asesinatos, en su mayoría sangrientas, y con la exposición de los cuerpos se revictimiza tanto a las víctimas como a sus familias.
En este sentido también aclaró que esta ley no incluye a los medios de comunicación ni páginas de Internet ni periodistas.
“Sin embargo, sí es un llamado a los medios de comunicación a conducirse con ética en estos temas que tienen que ver con la dignidad de los seres humanos”, expresó.
Chiapas tendrá un mejor tratamiento del agua
En otro asunto, la sesión de este miércoles con 36 votos—en los tres dictámenes— se aprobó la Creación de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento impulsada por el gobernador del estado.
El diputado Mario Guillén Guillén comentó que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento se crea como un organismo descentralizado y especializado en la materia, que será el encargado de ejecutar obra pública relacionada con la infraestructura hídrica como redes de agua potable, sistemas de alcantarillado, tratamiento y reutilización de aguas.
“Hacemos un reconocimiento al compromiso al futuro de Chiapas que tiene el gobernador Eduardo Ramírez para invertir y para hacer la política pública que se necesita en este momento. Con la creación de esta Comisión Estatal de Agua y Saneamiento se brindará.
En una sesión intensa, también con 35 votos a favor y una en contra, se armonizó La Ley de Salud con la que se prohíbe completamente la venta de comida chatarra en las escuelas de Chiapas.
La mayoría de los integrantes de la LXIX Legislatura coincidieron en que las iniciativas aprobadas este miércoles 27 de agosto son en beneficio de los chiapanecos en sincronía con la política humanista del gobernador del estado.
