Los legisladores locales aprobaron por mayoría la cuenta pública estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2019, la cual será remitida a la Auditoría Superior del Estado para su fiscalización.
El dictamen presentado por las comisiones de Hacienda y de Vigilancia generó algunas participaciones para manifestar algunas observaciones en el documento, así como otras para destacar el trabajo del Ejecutivo estatal.
La primera en participar fue la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, quien manifestó que la cuenta pública del primer año del actual gobierno refleja como eje central la política de austeridad y racionalidad del gasto público, ejerciéndola bajo los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y honestidad, de tal forma que combate la corrupción y la impunidad.
De esta forma, el mandatario estatal cumple con el pueblo de Chiapas su compromiso con la rendición de cuentas, garantizando el respeto y cumplimiento de la ley.
Añadió que la cuenta del primer año de gobierno destaca que Chiapas por primera vez no contrató ninguna deuda pública, logrando con austeridad ahorros importantes que se han podido destinar a rubros de suma importancia.
Sin embargo, la diputada Luz María Palacios Farrera, al manifestar su voto en contra del dictamen, aseguró que las comisiones no expusieron las razones jurídicas por las que más de 16 dependencias tuvieron incrementos en sus presupuestos, por lo que requirió de un análisis más profundo.
Enfatizó que el presupuesto de egresos es el documento rector de los presupuestos de las dependencias para el ejercicio fiscal, pero varias ejercieron más recursos de los que tenían etiquetados.
Un ejemplo es el Instituto de Salud, que ejerció el 96 por ciento adicional del dinero que tenía asignado, es decir, gastó casi el doble y realmente no se había reflejado en insumos ni personal en los hospitales y centros de salud en el estado.
A ella se sumó la legisladora Olga Luz Espinosa Morales, al decir que aunque votaría a favor apuntó que en algunos puntos existen dependencias y organismos cuyas variaciones en los estados financieros consolidados son significativas.
Con base a eso solicitó a la Comisión de Vigilancia envíe los informes individuales de las observaciones que emanen de la Auditoría Superior del Estado a las presidencias de las comisiones respectivas, para que los diputados analicen el trabajo que presenta cada dependencia o entidad.
Por su parte, la diputada Patricia Mass Lazos coincidió también con su voto a favor y solicitó también un análisis detallado de las dependencias que tuvieron variaciones en sus gastos, haciendo referencia a la Secretaría de Movilidad y Transporte, la Secretaría de Igualdad de Género, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Medio Ambiente.
Al respecto, la diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia, enfatizó que la aprobación en lo general que hace el Congreso corresponde a un análisis elaborado por su comisión y la de Hacienda; posteriormente será remitida a la Auditoría Superior para estudiarla y realizar las auditorías respectivas a cada ente que haya ejercicio recursos públicos, sin eximir a los responsables directos.
En ese sentido, el diputado Marcelo Toledo Cruz manifestó que existen responsabilidades jurídicas para los funcionarios, que son quienes se encargan del destino de los recursos públicos, aunque en un principio se carguen al titular del Ejecutivo, y por lo tanto deben aclarar las cuentas.
Coincidió en que confía en el trabajo del gobernador, pero tomando en cuenta lo anterior se debe revisar a fondo las cuentas, para justificar cada peso gastado.
En el dictamen se hizo las observaciones de dependencias con incrementos en sus presupuestos originales, con la recomendación correspondiente a revisión.
Aprovechó para recordarle a la Auditoría Superior del Estado que en cuentas públicas anteriores hay responsabilidades de exfuncionarios, y deben dar a conocer qué pasó con esos asuntos porque esas obligaciones no caducan.
El legislador Emilio Salazar aseguró que en la cuenta pública estatal se encontró un gran sentido de orden, austeridad, ya que bajó 25 por ciento el gasto del Ejecutivo; si bien es cierto hay dependencias que gastaron más, respecto a lo que, dijo, los titulares deberían hablar con las comisiones legislativas para elaborar un presupuesto que no dé pie a variaciones.
Añadió que el trabajo es de reconocer, hay más recaudación y se gasta de manera más responsable, ya no hay excesos ni lujos para ningún funcionario.
Las variaciones -consideró- se debieron a necesidades urgentes en el estado, y que la Auditoría Superior habrá de analizar e informar al Congreso.