Tras el anuncio del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, sobre la captura de exservidores públicos vinculados a presuntos desvíos millonarios, legisladores precisaron que el combate a la impunidad es innegociable y los procesos deberán estar soportados únicamente por el peso de las pruebas periciales y jurídicas, sin cortapisas políticas.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública, Juan Marcos Trinidad Palomares, calificó el panorama como “lamentable” en términos humanos. No dudó en aplaudir lo que denominó como una “coordinación ejemplar” entre la Fiscalía, la Secretaría Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado y los otros poderes para destapar los ilícitos.
“La tristeza por los hechos no puede nublar la celebración por la contundencia institucional. Aquí no hay atajos ni simulaciones; hay auditorías que dieron resultado”, enfatizó el diputado.
“Esto no nace de un capricho o de una calentura partidista; nace de una denuncia ciudadana o de un procedimiento técnico de fiscalización. No estamos ante una cacería de brujas, sino ante la aplicación de un rigor científico y jurídico. Si los señalamientos alcanzan a un exsecretario o a un mando operativo, las consecuencias serán exactamente las mismas”, sentenció.
Dijo que la confianza ciudadana se reconstruye con hechos, y estos primeros arrestos son apenas el piso de una exigencia social que demanda que nadie esté por encima de la ley.
