Los legisladores chiapanecos aprobaron por mayoría diversas reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado, que entre otras cuestiones establece recortar al 50 por ciento las prerrogativas de los partidos políticos para el 2021.
Algunos de los objetivos principales de la reforma son que los presidentes municipales, síndicos y regidores que pretendan ser reelectos, deberán acreditar haber solventado las observaciones que hayan generado los organismos fiscalizadores en la última cuenta pública.
Sobre todo aquellas observaciones que estén vinculadas a un desvío de recursos públicos o falta de comprobación de gastos, a fin de evitar que los funcionarios públicos repitan en el cargo cuando tienen pendientes con la sociedad.
Modificar el cálculo y asignación de las prerrogativas a los partidos políticos, en atención a los escenarios críticos que prevalecen en la economía estatal derivado de la contingencia provocada por la pandemia.
En ese tenor, se establece que los ahorros generados por la aplicación de la iniciativa se deberán concentrar en estrategias para una pronta recuperación económica y de salud en el estado.
Se aprobó que el financiamiento público a los partidos políticos sea del 32.5 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que resultaría en un ahorro de 105 millones 239 mil de pesos (tomando como base que el padrón electoral hasta julio fue de tres millones 727 mil 141 habitantes).
Este rubro se suma a lo correspondiente a gastos de campaña y demás prerrogativas inherentes al proceso electoral; enfatizando que se aplica al financiamiento estatal, no a los partidos que tienen registro nacional.
La legisladora Patricia Mass Lazos mencionó en su participación que para el 2020, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó para gastos de financiamiento a partidos políticos 153 millones 853 mil pesos, con base al 65 por ciento de la UMA.
Con el mismo lineamiento los partidos políticos tendrían para sus actividades ordinarias un incremento exponencial para el siguiente año, resultando en más de 210 millones de pesos, pero con la reforma aprobada se tendrá un ahorro del 50 por ciento.
Para argumentar en contra, la diputada Olga Luz Espinosa Morales dijo que esta reforma afectará al sistema político-electoral.
Indicó que el financiamiento de los partidos es un componente fundamental de la estructura y funcionamiento del sistema electoral en el país y estado.
Fue creado para que la ciudadanía pueda hacer política y evitar que el financiamiento privado pueda ser parte fundamental de las contiendas políticas. “De aportarle al financiamiento privado, las leyes y los congresos estarán supeditados al mejor postor”.
Consideró que el dictamen, al igual que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en junio, se aprobó de forma precipitada, ya que en 24 horas pueden medirse las consecuencias de la reforma.
Se debió analizar cada concepto en lo que gasta cada partido político, cuestionando qué pasará con el 15 por ciento del financiamiento destinado para actividades específicas, como el liderazgo de las mujeres, de los jóvenes, pueblos originarios y otros.
Afirmó que los institutos políticos no reciben el 65 por ciento de la UMA como lo establece el artículo 41 de la Constitución Política, sino que solamente el 45 por ciento. Si hoy se disminuye al 32.5 por ciento, se está condenando que la participación política de los más vulnerables sea más lejana.
Enfatizó que si la verdadera intención es un verdadero ahorro presupuestal, por qué no mejor se reforma la ley para que todos los partidos políticos reciban el mismo financiamiento, que se reparta de forma equitativa para todos los institutos políticos.
Para argumentar a favor del dictamen, el diputado Marcelo Toledo Cruz comentó que la reducción a las prerrogativas de los partidos políticos es un tema álgido, pero de suma importancia y obligatoria observancia de su militancia.
