"México * Notimex. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma penal que contempla sancionar con penas de cuatro a 15 anos de cárcel a los funcionarios o personas que filtren información sobre seguridad que se encuentre clasificada.
La reforma busca sancionar situaciones como las recientemente denunciadas, respecto a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal que filtraron información a cárteles de la droga.
Asimismo, se contempla penar con cárcel por 12 anos y multas de hasta 500 días de salario mínimo a quien falsifique uniformes, divisas, credenciales de identificación o insignias de las fuerzas armadas o cualquier otra institución de seguridad pública.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro se aprobó, con 307 votos a favor, las reformas al Código Penal Federal que establecen sanciones de prisión de cuatro a ocho anos y de 200 a 360 días de multa a los funcionarios o personas que incurran en esa práctica.
""Tratándose de documentos privados, la sanción será de cinco anos de cárcel y de 180 a 360 días de multa"", precisa la reforma.
En entrevista la diputada Yadhira Tamayo Herrera, del PAN, destacó la importancia de esta reforma, ya que se prevé sancionar cualquier filtración o mal uso de información que puede beneficiar a la delincuencia o afectar a víctimas de delito.
La legisladora por Michoacán recordó que esta reforma es concordante con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que plantea sancionar con prisión y multa a quien haga mal uso de información clasificada en materia de seguridad.
Con las sanciones por la falsificación de uniformes, documentos e insignias de las fuerzas armadas y corporaciones policiacas se pretende erradicar esta práctica muy común en todo el país y que ha provocado secuestros y ""levantones"" de ciudadanos, subrayó.
De acuerdo con la modificación aprobada, se impondrá pena de cuatro a 10 anos de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quien sin autorización conozca, copie o utilice información contenida en cualquier sistema de almacenamiento informático.
Si el responsable es servidor público de alguna institución de seguridad pública, refiere el dictamen, se impondrá además la destitución e inhabilitación para desempenarse en otro empleo o cargo público hasta por 10 anos.
Ley general
En el proyecto de dictamen de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública que se prevé aprobar esta semana se incluyen severos controles de confianza, formación y evaluación para las policías federales, estatales y municipales.
La propuesta de 251 artículos establece la creación del Centro Nacional de Acreditación y Control de Confianza como órgano consultivo para evaluar la actuación de policías y corporaciones.
A las autoridades federales, de los estados y municipios se les prohíbe contratar y emplear en las instituciones policiales a personas que no cuenten con el registro y certificado emitido por el Centro de Acreditación y Control de Confianza.
También se obliga a todas las policías, ministerios públicos y autoridades del ramo a inscribir en el Registro Nacional de Detenciones cualquier aprehensión que realicen.
La reforma además incluye un sistema de control para evitar que los policías consuman bebidas embriagantes, psicotrópicos y estupefacientes dentro y fuera de su horario de trabajo.
""También se prohíbe que personas ajenas a la corporación -madrinas- los auxilien en las labores que realizan"", se agrega en el documento en poder de Notimex.
Asimismo se obligaría a partir de la entrada en vigor de esa legislación que todos los policías del país obtengan y mantengan actualizado su ""Certificado Único Policial"".
A funcionario que contrate un elemento sin ese requisito se le aplicarían a sanciones de hasta seis anos de cárcel.
Se establece que los elementos deben ""abstenerse de asistir uniformados a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos sin que exista una orden expresa para estar en esos lugares"".
Las sanciones a las que se harían acreedores los policías y sus jefes que incumplan esa ley van desde la amonestación, suspensión y remoción hasta sanciones penales de entre tres a 12 anos.
De igual forma se incluyen sanciones para el mal uso de uniformes policiacos y militares, para quien los falsifique, distribuya o venda sin estar autorizado. La sanción en ese caso es de 12 anos de cárcel.
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