Con la participación de 35 diputados, el Congreso Local aprobó una serie de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, en relación al registro de candidaturas, elecciones en pueblos indígenas, paridad de género y otros temas relevantes, que generaron un arduo debate en la séptima sesión virtual del Pleno del poder Legislativo.
En la primera participación, la diputada Mayra Alicia Mendoza Álvarez, se manifestó a favor del dictamen al decir que da la certeza jurídica a la participación de los pueblos indígenas en los procesos electorales venideros, además de fortalecer la paridad de género mediante un lenguaje incluyente.
Las reformas buscan fortalecer la libre determinación de los pueblos indígenas para la elección de sus formas de gobierno, así como establecer mecanismos para el acceso y desempeño de los cargos públicos y de elección popular de las mujeres indígenas, que sufren una triple discriminación: por ser mujer, ser indígena y vivir en condiciones de pobrezas.
A ella se sumaron los diputados Ana Laura Romero Basurto, Emilio Salazar Farías, Aida Guadalupe Jiménez Sesma, Haydeé Ocampo Olvera y Olga Luz Espinosa Morales; que coincidieron en que las reformas garantizarán una democracia igualitaria, con representatividad de pueblos indígenas, jóvenes y sobre todo, de mujeres.
Sin embargo, el legislador Mario Sántiz Gómez, argumentó que respalda las propuestas que fomenten la paridad total, pero está en contra de la reforma al artículo séptimo constitucional, referente a cargos públicos y elección popular, porque consideró que se dio trámite legislativo sin tomar en cuenta a las 12 etnias que existen en el estado.
Además de que aseguró que el dictamen no fue remitido a la Comisión de Pueblos Indígenas, lo que refleja que no son prioridad para el Congreso Local porque son excluidos, lo que evitó un análisis más detallado de las propuestas.
Si bien tiene aspectos positivos, en cuanto a fomentar la participación de las mujeres en la política de los pueblos indígenas, otros aspectos pueden dar pie de simulación por parte de los partidos, lo cual no pudo ser discutido por la Comisión de Pueblos Indígenas.
“Se sigue tratando a los pueblos indígenas de forma paternalista”, porque nunca se ha hecho una consulta real, verídica e incluyente a los pueblos indígenas, en una comunidad o municipio con alta representación indígena, lo único que se realizó fue un foro organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
Afirmó que la reforma es sujeta de impugnación porque es obligación del Estado consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.
La diputada, Luz María Palacios Farrera, se sumó para argumentar en contra de la reforma sobre los pueblos indígenas, que atenta contra el principio de autogobierno titulado a favor de los pueblos originarios; el tema no debe ser mezclado con la paridad de género, la cual respaldó.
Estos deben decidir sus prioridades, en la medida que afecten sus instituciones. Las autoridades están obligadas a reconocer el derecho a la consulta previa para que puedan decidir sobre sus vidas, sin injerencias ni imposiciones.
Afirmó que ya existe un antecedente en Hidalgo, donde una reforma similar fue declarada inconstitucional, por no consultar a los pueblos indígenas, esto respecto a lo que dijo el diputado Sántiz en cuanto a que la reforma es impugnable.
La legisladora, Patricia Mass Lazos, indicó que respalda las reformas presentadas y posteriormente en rectificación de hechos, declaró que la reforma sí reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus formas de gobierno.
Además, argumentó una serie de antecedentes que asegura demuestran que los pueblos indígenas sí fueron considerados en la formulación de las iniciativas, incluso invitó al diputado Mario Sántiz a estudiar y analizar las reformas aprobadas, así como los eventos que dieron pie a ellas.
El diputado, Juan Salvador Camacho Velasco, señaló que en Chiapas, 45 municipios tienen presencia de lenguas indígenas que enriquecen la diversidad cultural del estado; estas reformas fomentan la participación política de los pueblos indígenas, a través del reconocimiento de sus derechos fundamentales.
El dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue aprobado por mayoría, únicamente con dos votos en contra. Las reformas serán enviadas a los ayuntamientos.
